El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) manifestó su rechazo a la disposición de una fiscalía de abrir investigación preliminar contra tres periodistas por tráfico ilegal de datos personales y pertenencia a una organización criminal supuestamente dirigida por el ex primer ministro Alberto Otárola, en base a una denuncia planteada por un conocido acusador de periodistas, el investigado por usurpación y otros, Zamir Villaverde, construida a partir de una declaración.
A los periodistas Rosana Cueva y Eduardo Quispe, de Cuarto Poder (América TV), así como a Beto Ortiz (independiente), se les atribuye haber realizado pagos a la colaboradora eficaz Karelim López, quien les habría proporcionado acceso una fuente, Yaziré Pinedo, cuya supuesta versión sirvió para iniciar la investigación.
Existen otras 24 personas que también son imputadas por el mismo delito, entre ellas la presidenta Dina Boluarte, el expremier Otárola, tres congresistas, cinco fiscales y dos policías, entre otros, quienes habrían tenido como fin controlar el poder político.
Aunque los periodistas pueden ser investigados por cualquier delito y querellados por quienes se sienten afectados en su honor, los estándares internacionales exigen que las decisiones fiscales y judiciales que se adopten al respecto deben estar especialmente motivadas a efectos de evitar que se afecte su labor informativa, desproteger a sus fuentes, y causar autocensura.
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Estas precauciones existen para evitar lo que ha sucedido evidentemente con la disposición fiscal que rechazamos: el uso del Ministerio Público para que un personaje con antecedentes delictivos e investigado por la justicia por hechos graves, logre que sean perseguidos judicialmente periodistas que lo criticaron.
La implicación es grave porque, a partir de la imputación por crimen organizado, el Ministerio Público puede obtener medidas de incautación, levantamiento de las comunicaciones, y otras disposiciones restrictivas, que están destinadas a imputados de alta peligrosidad social.
La supuesta versión contra los periodistas no está acompañada del más mínimo escrutinio y la trama que encuadra la disposición de inicio de investigación carece de verosimilitud. Los periodistas, que entre sí tienen lineamientos y estilos distintos, estarían confabulados en una conspiración política que los hechos públicos contradicen.
El IPYS solicita que el Ministerio Público se abstenga de requerir medidas que afecten la libertad de información y la reserva de las fuentes de los periodistas afectados, y que los excluya a la brevedad posible de las imputaciones denunciadas.
Reiteramos que los pronunciamientos del IPYS se fundamentan exclusivamente en la defensa de los espacios informativos de la prensa, sin distingo de la línea editorial y sin perjuicio del debate ético que se pueda plantear en relación con los medios, de las cuales estos deben responder ante su público.
Con información del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
