La importancia del Parlamento en tiempos de emergencia, por Gustavo Gutiérrez Ticse

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Una de las instituciones más impopulares en el estado democrático constitucional, es el Congreso. Pero no el Congreso peruano de los últimos tiempos, sino el Congreso como institución.

Basta otear el contexto comparado para ver el rechazo que obtiene en los Estados Unidos o en España. Más cerca, en cualquier país latinoamericano. O revisar los documentos históricos para comprobar que los congresos en el Perú, siempre están en la cresta de la crítica. En el siglo XIX, un famoso cuadro de Manuel Atanasio Fuentes, expresa el rechazo ciudadano a sus legisladores.

No quiere esto decir, que el parlamento post fujimorista sea el mejor. De ninguna manera. Lo que pretendemos decir, es que estamos ante una institución en crisis, y no debe sorprender sus bajos niveles de aprobación, sin que ello signifique que no procuremos optimizar la calidad de la representación. Al contrario, los parlamentos están siempre en proceso de cambios, y debemos propender hacia ello.

Aún con todo, esta institución para el modelo constitucional es imprescindible. Sin parlamento no hay democracia. El poder del gobierno no tendría ningún contrapeso. El presidente sería un déspota. Y el poder judicial estaría maniatado a su voluntad. Es por ello que, los cierres de los congresos en el constiticionalismo comparado, no son admisibles  sino bajo causales expresas, porque mientras funcione la representación, el régimen tiene que dialogar y concertar.

Con mayor razón en tiempos de anormalidad constitucional. Los estados de emergencia, concentran poder, y el gobierno ejecuta medidas restrictivas a todo nivel. Y dispone de ingentes recursos del tesoro público. Surge entonces el parlamento como un contrapeso a dicho poder, sobre todo cuando el gobierno dicta medidas favorables para los poderes económicos dominantes en desmedro de las clases medias y bajas de una colectividad.

En efecto, el sistema económico implantado, beneficia a los dueños del mercado. Las transnacionales lo que buscan es mantener el modelo, aún en tiempos de emergencia. Articulan niveles de relación con los ministerios. ¿Donde encuentran al enemigo de sus intereses? En el Congreso. Solo el Congreso puede crear empresas públicas por ley, puede variar el régimen de exoneraciones, o darle mayores dertechos a los trabajadores, entre otras medidas permisibles desde la propia Constitución.

Entonces, se mira al Congreso como un enemigo al que hay que desacreditarlo, minimizarlo, restarle prerrogativas, publicarle paginazos, para tenerlo controlado. Funciona mágistralmente la manipulación mediática de la que ya Sartori nos venía hablando hace años en el homo videns, y que genera en la población una percepción negativa hacia sus legisladores. Reitero, ello no resta que debemos mejorar la calidad de los congresistas, pero no por eso, debemos menospreciar a la entidad.

No puede entonces el Congreso claudicar a su rol. Tiene el deber de cumplir los mandatos que le asigna la constitución: legislar y controlar. Aún en tiempos de pandemia. La tecnología debe permitir viabilizar la labor legislativa, porque solo así podemos hablar de democracia, en tanto la asamblea dicte leyes favorables para las clases más vulnerables, controle los excesos del gobierno, recambie los órganos constitucionales, y defienda los valores democráticos, que en muchos casos se pone en riesgo cuando los gobernantes y los altos dignatarios ven apetitoso perpetuarse en sus cargos, anulando así el sentido de la democracia.

Como dice Ferrajoli, “existen democracias más solidas o menos sólidas, más vulnerables o menos vulnerables; hay diversos grados de aproximación al modelo ideal, pero aún en la más alejada del modelo no puede ser de ninguna manera confundida con un Estado autocrático y mucho menos con uno totalitario”. Ni en tiempos de pandemia. De ninguna manera.

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Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con cursos de especialización en la Universidad Carlos III de Madrid y en el Congreso de los Diputados de España. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Investigador del Instituto de Derecho Público. Asesor y consultor en materia constitucional y legal con más de 15 años de experiencia. Ha sido asesor principal de las comisiones de Constitución, Justicia y Trabajo del Congreso de la República. Ex jefe de la Oficina de Defensa de las Leyes del Congreso de la República; ex intendente de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL. En la actualidad es presidente del Instituto de Derecho Público. Se desempeña como profesor de Derecho Constitucional en la USMP, UFV y en la Academia de la Magistratura, así como en calidad de visitante en las diversas universidades del país.