Los audios que han revelado conversaciones privadas de altos magistrados y consejos de organismos vinculados al sistema de justicia en el país han levantado una comprensible y justa indignación ciudadana por lo sórdido de lo tratado, sin importar que con ello se estaba dañando gravemente la buena imagen que debieran exhibir las instituciones a las que pertenecen. El daño es irreparable y hay necesidad de replantear, de raíz, la naturaleza y funciones de las instituciones comprometidas, devolviendo la credibilidad de sus miembros, frente a la población.
Nadie, en su sano juicio, puede estar de acuerdo con la corrupción. Es hora de actuar. Tiene que ser un compromiso que asuma la sociedad en su conjunto, pero sin poner en riesgo las bases mismas de nuestra democracia, que puede verse afectada de muerte, si no la sabemos cuidar. Lucha contra la corrupción, sí, pero dentro del respeto a la ley y a los principios que establece la Constitución Política.
En lo que respecta al Poder Judicial -que ve con preocupación cómo es maltratado por esas conductas marginales y aisladas de algunos de sus miembros- la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano supremo de deliberación de ese poder del Estado, ha reaccionado de inmediato, planteando su respaldo a toda mejora en el sistema de justicia, en tanto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial procedía a declarar en emergencia al Distrito Judicial del Callao, por el plazo de 60 días calendario. La OCMA ya suspendió en sus labores al Juez Superior del Callao, y el Juez Supremo de Investigación Preparatoria acaba de dictar el pedido de impedimento de salida del país del señor Hinostroza.
“El sistema de justicia requiere -dice en su pronunciamiento el PJ- una alta atención de las máximas autoridades de la nación y la ciudadanía en general. En su diseño institucional, sin duda, deben primar los principios de independencia de los jueces, de autonomía del Poder Judicial y de eficacia para afirmar el imperio del derecho, así como el reconocimiento de las garantías necesarias para el ejercicio de la potestad jurisdiccional dentro de la legalidad».
Ello es importante tomarse en cuenta. Ocurre que en situaciones como la que atravesamos, con un poder del Estado tremendamente satanizado y lanzado a la hoguera, aprovechando la indignación ciudadana, se haga realidad ese dicho popular de “a río revuelto, ganancia de pescadores». ¿A quiénes conviene más en estas circunstancias que el PJ sea debilitado y hasta caricaturizado? Les dejo la pregunta para que saquen sus propias conclusiones.
Ahora que se anuncian cambios y surgen propuestas de distinto origen «es pertinente enfatizar, sin embargo, que una modificación o transformación razonable del sistema de justicia en general, y del Poder Judicial, en particular, no puede realizarse sin los jueces y, menos, contra estos. Toda propuesta en este sentido tiene que contar con nuestra participación y opinión experimentada, desde una perspectiva de diálogo plural y cooperación sincera -que no imposición- entre todos los poderes públicos», según advierte con razonable posición, la Sala Plena del PJ. Y recuerda «no se deben olvidar las trágicas enseñanzas del pasado cuando se hicieron seudo-reformas judiciales que solo tuvieron como propósito mantener al Poder Judicial sumiso y afín a los poderes constituidos».
