Justicia comunal en ningún caso puede conocer delitos de violación sexual [Casación 1343-2017, Del Santa]

Sumilla. La jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción comunal. El estatuto de la ronda campesina San Roque prevé un listado taxativo de los delitos que puede conocer e imponer sanción, dentro de los cuales, no se encuentra el de violación sexual. Además, que no se cumple con el factor de congruencia establecido en el Acuerdo Plenario 01-2009/CJ-116, que implica una condición de legitimidad y límite material anclado en el respeto de los derechos fundamentales para el ejercicio de esta función jurisdiccional especial. Asimismo, el Tribunal Constitucional, expresamente ha indicado que los delitos contra la libertad sexual de ninguna manera son pasibles de ser conocidos en el fuero comunal, más aun si comprometen a personas de condición especial como lo son los menores de edad.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN 1343-2017, DEL SANTA

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, siete de agosto de dos mil diecinueve

VISTO: en audiencia pública, el recurso de casación interpuesto por la defensa de WÁLTER JESÚS BENITO HUERTA, contra la sentencia de vista del veintiséis de julio de dos mil diecisiete (foja 216), emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, que confirmó la de primera instancia del catorce de febrero de dos mil diecisiete, que lo condenó como autor del delito de violación sexual, previsto en el inciso 2, del segundo párrafo, del artículo 170, del Código Penal, en perjuicio de la menor identificada con las iniciales O. N. C. Z., y como tal le impuso doce años de pena privativa de libertad, y el pago de diez mil soles como reparación civil, a favor de la menor agraviada. Oído el informe oral de la defensa del mencionado sentenciado.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

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CONSIDERANDO

HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL

PRIMERO. El fiscal provincial en la acusación (foja 02) atribuyó a Wálter Jesús Benito Huerta, que el día once de enero de dos mil quince, cuando la menor identificada con las iniciales O. N. C. Z. los visitó en su domicilio ubicado en Alto Coracollo, Quillo, Yungay, aprovechó que en horas de la madrugada su conviviente Yolita Carhuayano Zacarías
–hermana de la menor– salió a pastear toros, para dirigirse a la cama de esta, procedió a sacarle la ropa y abusó sexualmente de ella, bajo la amenaza de matarla si contaba a alguien lo ocurrido. Al día siguiente, la menor se retiró a las seis horas hacia su casa en Ocopampa, Quillo, y el diecisiete de setiembre del mismo año, dio a luz a su menor hija,
producto del acto sexual.

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

SEGUNDO. Los actuados remitidos por la Sala Penal de Apelaciones, dan cuenta de los siguientes actos procesales relevantes:

2.1. La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma formuló acusación contra Wálter Jesús Benito Huerta, como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, previsto en los incisos 2 y 6, del artículo 170, del Código Penal (CP), en perjuicio de la referida menor. Solicitó doce años de pena privativa de libertad y el pago de veinticinco mil soles como reparación civil, a su favor.

2.2. Mediante sentencia del catorce de febrero de dos mil diecisiete, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial del Santa, lo condenó como autor del indicado delito, y como tal le impuso doce años de pena privativa de libertad, así como el pago de diez mil soles como reparación civil, a favor de la menor agraviada (foja 92).

2.3. La defensa impugnó la sentencia (foja 139), la que fue concedida por auto del tres de marzo del mismo año (foja 144).

2.4. El veintiséis de julio de dos mil diecisiete confirmaron por mayoría[1] la condena de Benito Huerta en todos sus extremos (foja 216). El diez de agosto del mismo año, su defensa interpuso recurso de casación, que es materia de la presente ejecutoria suprema.

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SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO Y ÁMBITO DE PRONUNCIAMIENTO

TERCERO. La defensa de Benito Huerta interpuso casación ordinaria, conforme a los incisos 1 y 2, artículo 427, del CPP (foja 240) e invocó como causales de procedencia las previstas en los incisos 1 y 3, artículo 429, del acotado Código, referidas a la inobservancia de garantías constitucionales y errónea interpretación de la ley penal, respectivamente.

Mediante la ejecutoria suprema del doce de enero de dos mil dieciocho (foja 41), se concedió el recurso de casación por dichas causales. Se fijó como ámbito de pronunciamiento determinar la inobservancia:

i) del primer y tercer párrafo, del artículo 89, de la Constitución, sobre la existencia legal de las comunidades campesinas y nativas, y el respeto a su identidad cultural; y del artículo 149 de la Constitución, referido a la función jurisdiccional de las rondas campesinas;

ii) del inciso 3, artículo 18 ,del CPP, sobre la competencia de la jurisdicción penal en relación con el artículo 149 de la Norma Fundamental.

CUARTO. Luego de la admisión del recurso de casación, el expediente se puso a disposición de las partes por el plazo de diez días. Mediante decreto del tres de junio de dos mil diecinueve (foja 58), se fijó fecha de la audiencia de casación para el veinte de junio del año en curso. En tal día, se realizó la audiencia con la concurrencia de la defensa del sentenciado. Su desarrollo consta en el acta correspondiente.

QUINTO. Concluida dicha audiencia, se realizó la deliberación de la causa en sesión secreta. Luego del debate, se efectuó la votación, en la que se obtuvo los votos necesarios para la emisión de la presente sentencia de casación, cuya lectura se lleva a cabo en la fecha.

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CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO

EL RECONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA COMUNAL. ARTÍCULO 149 DE LA CONSTITUCIÓN

SEXTO. Conforme al artículo 138 de la Constitución, la potestad de impartir justicia se ejerce por el Poder Judicial. En ese sentido, el artículo 139 consagra la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Sin embargo, se establecen como excepciones, la jurisdicción militar y la arbitral. Además, del reconocimiento a las autoridades de las
Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, para el ejercicio de la función jurisdiccional dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. Así lo prescribe el artículo 149 de la Norma Fundamental[2].

SÉTIMO. Nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido una serie de culturas y etnias, a las que reconoce diversos derechos y obligaciones de índole multicultural[3], entre los que se encuentran:

i) artículo 2.19, que reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural;
ii) artículo 17, en el que se reconoce la obligación del Estado de garantizar una educación bilingüe e intercultural. También se dispone la preservación de las manifestaciones culturales y lingüísticas del país;
iii) artículo 89, que admite la autonomía organizativa, económica y administrativa a las Comunidades Campesinas y Nativas;
iv) artículo 149, que reconoce las funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas. Es la denominada Constitución Multicultural.

OCTAVO. También ha establecido que el reconocimiento de la jurisdicción comunal, se efectiviza con el apoyo de las rondas campesinas, y que se establecen una serie de límites, como el hecho que su aplicación solo deba realizarse en los territorios comunales campesinos y nativos. Se dispone una restricción de índole material, que consiste en el respeto y observancia de los derechos fundamentales en el uso de esta potestad, y la coordinación de dicha jurisdicción con los Juzgados de Paz y otras instancias del Poder Judicial[4].

Cita que la Corte Constitucional de Colombia, ha establecido que la jurisdicción indígena, se compone de cuatro elementos:

i) la potestad de los pueblos indígenas de darse autoridades propias;
ii) la competencia para establecer normas y procedimientos propios;
iii) la sujeción de esas normas y procedimientos a la Constitución Política y la ley; y
iv) la competencia legislativa para regular la coordinación entre la jurisdicción indígena y las autoridades nacionales. Estas formas de derecho, independientemente de sus profundas diferencias con el derecho nacional, deben ser respetadas y protegidas, de manera que el juez ordinario al acercarse a su contenido no debe concebirlo como una forma incipiente del derecho occidental o mayoritario, sino que
debe asumir esa aproximación desde una perspectiva pluralista y multicultural[5].

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LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA Y LA JURISDICCIÓN COMUNAL

NOVENO. De conformidad con los artículos 16 y 17 del Código Penal (CP), la potestad jurisdiccional del Estado en materia penal se ejerce por la sala penal de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores, los juzgados penales constituidos en órganos colegiados o unipersonales, los de investigación preparatoria y juzgados de paz letrados, con las excepciones previstas por ley. Dicha jurisdicción penal ordinaria es improrrogable o ineludible, y cuyos criterios de aplicación son los establecidos en el Código Penal y en los tratados internacionales celebrados por el Estado, debidamente aprobados y ratificados conforme a la Constitución.

No obstante, esta jurisdicción aparece limitada en su actuación por circunstancias diversas, cuya determinación sigue tres criterios: objetivo, territorial y subjetivo[6].

[continúa…]


[1] Se emitió un voto en minoría de la jueza Carrasco Rosas (foja 233), en el que indicó que el fuero ordinario solo es competente para revisar las decisiones de la jurisdicción especial, de producirse la vulneración de derechos fundamentales; lo que en su consideración, no se ha producido en el presente caso. Además, señaló que la familia del sentenciado recurrió a la jurisdicción constitucional, a la que se encuentra sujeta la jurisdicción ordinaria y la especial. El hecho de que hayan acudido a la jurisdicción constitucional, en salvaguarda de los derechos del imputado por la sanción de la cadena ronderil, no implica per se una falta de sometimiento a la justicia comunal, por lo que debió declararse fundada la excepción de cosa juzgada.

[2] En el ámbito convencional, el numeral 1, artículo 9 del Convenio 169 de la OIT señala que, en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, «deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

[3] STC N.° 04611-2007-PA, del 09 de abril de 2010, fj. 6.

[4] De conformidad con el Protocolo de coordinación entre sistemas de justicia del Poder Judicial.

[5] STC N.° 02765-2014-PA/TC, del 06 de junio de 2017 fj. 15. Con cita de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-463/14, del 09 de julio de 2014.

[6] San Martín, Castro. Derecho procesal penal. Lecciones. Lima: Inpeccp, 2015, pp. 144-145.

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