Durante la última audiencia del proceso seguido contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, el Ministerio Público solicitó una pena de 34 años de prisión efectiva por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. No obstante, planteó una alternativa de 19 años y 30 días de cárcel en caso de que la Sala Penal determine adecuar la acusación a conspiración.
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La Fiscalía indicó que el pedido principal se basa en la acusación formulada por rebelión, con una pena de 25 años por ese delito, además de 3 años por abuso de autoridad y 6 años por grave perturbación. Sin embargo, en aplicación del artículo 387, numeral 2, del Código Procesal Penal, el fiscal solicitó que, si se opta por la figura de conspiración, se imponga una sanción total de 19 años y 30 días de prisión efectiva.
En este último escenario, la pena se desglosa en 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración, 10 meses y 15 días por abuso de autoridad y 6 años y 9 meses por grave perturbación. Asimismo, la Fiscalía pidió 25 años de cárcel contra Betssy Chávez, Manuel Lozada Morales y Justo Jesús Venero Mellado y 15 años contra Aníbal Torres.
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El representante del Ministerio Público sostuvo que los acusados actuaron con una «circunstancia cualificada agravante», conforme al artículo 46-A del Código Penal, al haber ejercido funciones públicas como presidente, premier, ministro, asesor y funcionaria de alto nivel. En esa línea, añadió que la determinación de las penas considera los parámetros fijados en el Acuerdo Plenario 1-2023 de la Corte Suprema, sobre la valoración de la responsabilidad funcional en delitos comunes.
Castillo se pronuncia sobre delitos
Antes de la lectura formal del requerimiento, el exmandatario Pedro Castillo tomó la palabra y rechazó las imputaciones. «Ya vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas», expresó ante el tribunal.
El exmandatario insistió en que nunca incurrió en los delitos que se le atribuyen. En sus palabras:
Quiero dejar constancia que nunca cometí el delito de rebelión ni conspiración y nunca hice abuso de autoridad porque después de la vacancia yo no era autoridad. ¿En qué país estamos? Por eso es que el 90% del pueblo dice que no tiene confianza en el Poder Judicial y el 2% o 3% tiene el Congreso de la República.
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