El Ministerio Público rechazó la Ley 32330, que baja la edad de responsabilidad penal común a 16 años para delitos graves, al considerar que vulnera la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordó que ya existe un sistema penal juvenil con sanciones de hasta 10 años bajo un enfoque resocializador.
Señaló que la norma contradice la posición de entidades como el Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y Unicef, y advirtió que no es una medida adecuada para enfrentar la criminalidad. Exigió implementar el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
PRONUNCIAMIENTO
El Ministerio Público expresa su rechazo a la Ley 32330, publicada hoy en el diario El Peruano, que disminuye la edad de la responsabilidad penal común a 16 años para delitos graves, lo que incumple la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política del Perú.
Es importante destacar que en el Perú ya existe un sistema de tratamiento a los adolescentes que infringen la ley penal. Ellos reciben medidas socioeducativas severas de hasta 10 años de internamiento, dentro de un enfoque resocializador del adolescente reconociendo que se trata de una persona en formación.
Por tanto, la norma recientemente promulgada sería inconstitucional y contraria a las opiniones de los organismos competentes, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como los informes técnicos de expertos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y de Unicef.
Asimismo, advertimos que esta norma no guarda coherencia lógica con el ordenamiento legal peruano e internacional.
En ese contexto, la presente ley es un retroceso en la protección de la niñez y adolescencia, y no es eficiente ni idónea para los objetivos que persigue, dado que el incremento de las formas de criminalidad y de la incidencia delictiva en el Perú obedecen a otras causas que requieren medidas eficientes de lucha frontal contra las organizaciones criminales, que no han sido adoptadas hasta la fecha, pese al clamor ciudadano.
En tal sentido, exigimos la necesidad de la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento.
