La abogada y ex procuradora del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, solicitó ampliar la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra en el caso por la presunta compra irregular de pruebas rápidas para el COVID-19.
La exfuncionaria pidió que Vizcarra Cornejo también sea procesado por homicidio calificado (dolo eventual) y el delito contra la salud pública «en agravio de miles de personas durante la pandemia».
La solicitud se enmarca en la reapertura de dicha investigación preliminar, a pedido de Ampuero y, posteriormente, la Contraloría General, anunciado por la Fiscalía de la Nación el 2 de julio. Las diligencias tendrán un plazo de 120 días.
El caso también alcanza a los exministros María Antonieta Alva (Economía), y María Hinostroza y Víctor Zamora, ambos extitulares de la cartera de Salud. Vizcarra y sus exfuncionarios enfrentan un proceso por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.
Reapertura
La Fiscalía de la Nación declaró fundados dos pedidos de reexamen del archivamiento del caso contra Martín Vizcarra.
La Procuraduría General del Estado solicitó el 14 de junio al fiscal de la Nación interino, Juan Calos Villena, reabrir dicha investigación preliminar:
Se solicitó el reexamen de los actuados en virtud de 9 elementos de convicción […] y que, en consecuencia, se disponga la reapertura de la investigación contra el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, por la presunta comisión del delito de colusión; y de manera alternativa, por el delito de negociación incompatible.
La abogada y ex Procuradora Pública del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, ya había solicitado la misma medida.
Ampuerto sostuvo que el pedido se suscitó «en atención a nuevos elementos de convicción» que Villena no habría tenido en cuenta, entre ellos, el Informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso «que contiene la declaración de la exministra [Elizabeth] Hinostroza, el mismo que da cuenta de la irregularidad de la compra que ocasionó la muerte de miles de personas».
El caso
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, informó el 3 de junio que no se había formulado una denuncia constitucional contra Vizcarra en el caso que lo involucra en la presunta adquisición ilícita de 1 millón 400 mil pruebas rápidas, durante la pandemia de la Covid-19, debido a que se carece de indicios suficientes del delito de colusión.
Según la tesis inicial, en la gestión del exmandatario se llevó a cabo una presunta compra irregular de pruebas serológicas que no cumplían con los requisitos necesarios para diagnosticar la enfermedad. En diálogo con RPP, Villena Campana sostuvo lo siguiente:
Por lo menos, en lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle.
En ese sentido, la resolución de la Fiscalía dispuso «no haber mérito para formular denuncia constitucional contra el exmandatario ni para María Antonieta Alva Luperdi, ex ministra de Economía y Finanzas, María Elízabeth Hinostroza Pereyra y Víctor Marcial Zamora Mesía, ambos en sus actuaciones como ministros de Salud.
Asimismo, como segundo punto dispuso «archivar definitivamente los antecedentes del presente caso en todos sus extremos».
En ese sentido, el titular del Ministerio Público sostuvo que fue el Instituto Nacional de Salud (INS) quien recomendó la compra de los test de descarte, por ello, resaltó que no existe pruebas que constate el delito de colusión:
Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que hayan indicios de que haya habido justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas y no se han hallado indicios suficientes de que haya habido esto (corrupción). El INS es quien recomienda la adquisición (de pruebas rápidas).
En el Congreso
La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional el 17 de junio contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por archivar la citada investigación.
Villena fue sindicado por la aparente infracción de los artículos 39 y 159 de la Constitución, y los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales. En ese marco, se solicitó su inhabilitación de la función pública por diez años y su procesamiento penal.
Semanas atrás, el 4 de junio, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) envió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Segundo Montalvo, para citar al titular del Ministerio Público a fin de que explique los fundamentos del archivamiento de la investigación contra Vizcarra Cornejo.
El pedido, sin embargo, no concluyó en el apersonamiento del fiscal de la Nación en el grupo de trabajo.
