El Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley Soria, continuó este miércoles 26 de junio el control de acusación contra el exdignatario Pedro Castillo, su expremier Betssy Chávez y el exasesor Aníbal Torres.
Las diligencias también comprenden a los exministros Roberto Sánchez (congresista), Willy Huerta Olivas, y los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
El expresidente es procesado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública tras el quiebre constitucional del 7 de diciembre de 2022.
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Audiencias previas
En la audiencia previa, desarrollada el 17 de junio, Checkley Soria dispuso devolver la acusación a la Fiscalía para que esta subsane las observaciones formuladas por la defensa de los encausados. Para ello, la entidad contará con cinco días de plazo.
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En la sesión del 6 de junio, el magistrado escuchó las observaciones a la acusación fiscal que formulan las defensas de Lozada Morales y Torres Vásquez. La próxima audiencia virtual se llevará a cabo el 17 de junio a las 9:30 a. m.
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La defensa del exmandatario es ejercida por el abogado Luis Walter Medrano Girón y los abogados de interconsulta Luis Ángel Llerena Mariaca y Juan Walter Sifuentes Bustíos.
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En las audiencias se apersona la fiscal Galinka Meza; en representación de la Procuraduría, el abogado Eddy Adrián Betalleluz Vizcarra. Semanas atrás, se llevó a cabo una audiencia el martes 28 de mayo.
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Otra audiencia se desarrolló el jueves 23 de mayo.
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Previamente, el martes 21, el abogado de interconsulta Sifuentes Bustíos informó al magistrado que se presentaron dos recusaciones en su contra los días 14 y 20 de mayo, respectivamente. El letrado increpó al juez su supuesta falta de pronunciamiento sobre ambos pedidos:
[Usted] Ha pasado de frente a resolver la nulidad […] Yo no soy mago, no tengo una bola de cristal [para conocer las respuestas a las recusaciones] Me baso en los hechos de que se habría producido el día 9 de mayo la audiencia, cuando dijo que el día 21 y 23 iba a continuar con las diligencias.
La segunda recusación se basa exclusivamente al comunicado [difundido por la Fiscalía] en el hecho de que usted estaría favoreciendo constantemente a la doctora Liz Patricia Benavides [suspendida fiscal de la Nación].
Checkley Soria, sin embargo, respondió que la defensa ya había sido notificada siguiendo los plazos de ley correspondientes. Además, rechazó el señalamiento vinculado a la extitular del Ministerio Público, Patricia Benavides Vargas. El juez supremo indicó lo siguiente:
Sí, he revisado las recusaciones. […] Ayer [lunes 20 de mayo] las resolví como corresponde […] y se notificaron a todas las partes involucradas. Debe haber revisado en su casilla.
Las he rechazado […] no he tomado la decisión sobre alguna excepción, no conozco ninguna, voy a escuchar a las partes. Lo que hice fue plantear una agenda para que puedan organizar sus horarios.
He rechazado esa recusación, al igual que la que señala usted en los temas que ya mencioné, sobre la vinculación con la señora [Patricia] Benavides, a quien también he dicho que no la conozco, salvo cuando la veo aquí en audiencia.
El abogado Juan Walter Sifuentes Bustíos finalizó su intervención anunciando una tercera recusación contra el magistrado.
El 9 de mayo, fecha de la primera audiencia de control de acusación, la defensa de Castillo Terrones presentó un pedido de nulidad. Este también fue rechazado por el juez Checkley Soria.
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El Poder Judicial llevó a cabo la primera audiencia preliminar de control de acusación el jueves 9 de mayo desde las 11:30 a. m.
El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos. Dicho despacho ha solicitado 34 años de prisión efectiva para Castillo Terrones.
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Pedidos de cárcel
El caso también alcanza a otros exfuncionarios castillistas. Solo por el delito de rebelión, la Fiscalía solicita 25 años de cárcel para la expremier Betssy Chávez Chino, los exministros Roberto Sánchez Palomino (congresista), Willy Huerta Olivas, y los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
Para Aníbal Torres Vásquez, asesor de la Presidencia de Consejo de Ministros en aquel momento, se piden 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión.
La Fiscalía además solicita la inhabilitación de los procesados para ejercer cargos públicos. Para el expresidente se pide un plazo de tres años y seis meses, para los exservidores públicos restantes dos años y seis meses.
