La Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima consiguió que se declare fundado el pedido de 20 meses de suspensión temporal en el ejercicio del cargo, al fiscal superior titular Wilfredo Rogelio Evangelista Rojas, acusado de solicitar una presunta coima de 3000 dólares a cambio de asegurar un resultado favorable en la queja de derecho presentada por un procesado.
El requerimiento formulado por la fiscal superior, Milagros Mora Balarezo, y sustentado en audiencia por el fiscal adjunto superior, Juan Manuel Fernández, se dio dentro del proceso penal por los delitos de tráfico de influencias agravado (imputación principal) y cohecho pasivo propio (imputación alternativa), que el magistrado habría cometido en el 2015, cuando se desempeñaba como fiscal adjunto superior provisional de la Octava Fiscalía Superior Penal de Lima.
De acuerdo a la resolución judicial, la medida solicitada por la Fiscalía Superior Anticorrupción, se fundamenta en los elementos de convicción contenidos en la acusación fiscal y con el fin de evitar el peligro de reiteración delictiva.
“[…] su solo desempeño del cargo, implicaría – dado el contexto y etapa del presente proceso penal – un serio cuestionamiento al principio de objetividad con la que debe actuarse en el Ministerio Público, tanto más si consideramos que en la actualidad, la Junta Nacional de Justicia le ha impuesto la medida de destitución en el cargo (el cual aún no se encuentra firme)”, señala la resolución emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones.
La acusación contra Evangelista Rojas le atribuye haber solicitado a la abogada de un procesado la suma de USD 3000, reducida luego a USD 2500, con el fin de asegurarle un resultado favorable en la queja de derecho que se encontraba pendiente de ser resuelta en el Despacho Fiscal donde él laboraba. El dinero no habría sido entregado pese a las llamadas telefónicas efectuadas por el magistrado a la letrada.
Por este hecho, cuyo proceso ya se encuentra expedito para pasar a juicio oral, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el imputado sea condenado a 5 años de pena privativa de la libertad por el delito de tráfico de influencias y/o a 6 años y 4 meses por el delito de cohecho pasivo propio.
Asimismo, que sea inhabilitado para ejercer cargo público por el periodo de 3 años y 8 meses y al pago de S/ 80 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
Fuente: Ministerio Público
