El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional rechazó el pedido de adelanto del juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán. La solicitud, enmarcada en un proceso que involucra a otros 20 acusados, fue planteada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del equipo especial Lava Jato.
La petición se fundamentó en la sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 8 de marzo de 2024, en la cual se exhorta a fiscales y jueces a actuar con celeridad en procesos vinculados a presuntos actos de corrupción en la Municipalidad Metropolitana de Lima, especialmente aquellos referidos a contratos de concesión y sus adendas.
Sin embargo, el Juzgado consideró que, tomando en cuenta a los acusados residentes en el extranjero —un peruano residente en México y un brasileño residente en su país—, se ha otorgado un «plazo prudencial de cuatros meses«. En el caso del ciudadano brasileño, además, el proceso necesitará de «asistencia judicial internacional»:
Requiere —en su caso—, la traducción de documentos, revisión por parte de la autoridad extranjera y ejecución de la notificación en el país extranjero; y que conforme, a casos judiciales de similar complejidad1 en los que se ha recurrido a la asistencia judicial internacional para notificación de acusados residentes en el extranjero, dicha tramitación ha requerido plazos de entre cinco a seis meses, para su cumplimiento; por lo que, la fecha programada en el presente caso, se encuentra dentro de tos parámetros de un plazo razonable.
De acuerdo con el Ministerio Público, mantener la fecha prevista —el próximo 23 de septiembre— podría interpretarse como una respuesta tardía frente a hechos de alto interés público. El proceso en cuestión involucra a Susana Villarán por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, colusión y otros delitos que habrían sido cometidos durante su gestión edil.
Según la acusación fiscal, Villarán habría recibido aportes no declarados de las constructoras Odebrecht y OAS para financiar las campañas contra la revocatoria en 2013 y por la reelección en 2014. Asimismo, se sindica la existencia de una presunta concertación para favorecer a dichas empresas en la modificación de contratos y ejecución de obras públicas.
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El caso comprende también a exfuncionarios de su gestión, entre ellos José Miguel Castro, Domingo Arzubialde y Luis Ernesto Gómez Cornejo, quienes fueron señalados como coautores o partícipes en los hechos materia de investigación.
El Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimonios, y declaraciones en el marco de la colaboración eficaz que vincularían directamente a los imputados con la captación y distribución de fondos irregulares.
