La Facultad de Derecho de la UNSA rechaza el intento del Congreso de la república de destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia.
PRONUNCIAMIENTO
En respuesta a los acontecimientos ocurridos el 26 de febrero del año en curso, en los cuales la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final dirigido contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el propósito de destituir e inhabilitar a sus miembros, basándose en el artículo 156.3 de la Constitución, en concordancia con la Resolución Nro. 224-2020-JNJ, que establece como requisito para ser miembro de la JNJ un límite de edad entre los 45 y los 75 años, además de señalar la infracción al debido proceso según lo establecido en el artículo 139.3 de la Constitución Política.
Ante estos recientes acontecimientos promovidos por el Congreso de la República, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, en su calidad de institución académica comprometida con el respeto al orden constitucional y al Estado de Derecho, se ve en la necesidad de manifestar su postura respecto a los últimos actos realizados por el Congreso de la República, puesto que es preocupante que el criterio interpretativo empleado, basado en el control político, menoscabe la autonomía e independencia de la Junta Nacional de Justicia, pues esta al ser un órgano de poder autónomo no puede ser ultrajada. Por medio de una intención de llevar a cabo un cese masivo de los operadores de justicia y la afectación grave a la institucionalidad.
La destitución seguida de la inhabilitación por un periodo de 10 años, así como la sustitución arbitraria de los miembros de la JNJ, plantean una amenaza latente para nuestra nación, dado que dichos reemplazos serán efectuados por un Congreso cuyo comportamiento ha demostrado reiteradamente estar en contradicción con los principios democráticos, lo que desvirtuaría la esencia misma de dichos principios. Es imprescindible recordar que la JNJ tiene la responsabilidad crucial de tomar decisiones en materia de nombramiento y destitución de fiscales, jueces y autoridades del sistema electoral.
Por lo tanto, como institución de formación profesional de futuros operadores de justicia, instamos al pleno respeto de la autonomía e independencia de la Junta Nacional de Justicia, cuya permanencia no debe estar sujeta a decisiones de índole política, sino que debe garantizarse en función de criterios técnicos y jurídicos que salvaguarden la integridad y la estabilidad de nuestras instituciones democráticas.
Arequipa, 27 de febrero del 2024
DR. HUGO CESAR SALAS ORTIZ
DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO
