Compartimos ocho preguntas que fueron parte de los exámenes de la Junta Nacional de Justicia. ¿Te animas a resolver las preguntas?
Ocho preguntas sobre argumentación jurídica
1. Desde el punto de vista de la argumentación jurídica, es importante hacer un “examen muy riguroso” de los hechos en un proceso judicial. Señale la respuesta correcta:
a. Porque los hechos son la base moral de la verdad.
b. Porque los hechos son la base de la sentencia.
c. Porque de acuerdo a los hechos se aplica la consecuencia jurídica de la norma.
d. Porque los hechos se basan en las pruebas.
2. En qué ámbito del quehacer jurídico es exigible la argumentación jurídica
a. Prelegislativa.
b. Legislativa.
c. Problemas concernientes a los hechos.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
3. Cuál es el objeto de estudio de las teorías de la argumentación jurídica:
Marque la respuesta correcta:
a. La capacidad intelectual de los jueces.
b. El razonamiento jurídico.
c. El carácter lógico de las leyes.
d. La estructura ética-jurídica de las decisiones.
4. El deber de argumentar encuentra su razón de ser en:
a. Los fundamentos constitucionales del Estado de Derecho.
b. En el “principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad” en el ejercicio de los poderes públicos.
c. En el “principio constitucional de legalidad” en el ejercicio de los poderes públicos.
d. Un imperativo moral.
5. Cuando se produce una antinomia entre una norma reglamentaria (v. gr. un decreto supremo) y la ley, el Tribunal Constitucional ha señalado formas distintas de solución. Sobre el particular indique la respuesta correcta:
a. En ningún caso los órganos de la administración pública pueden resolver antinomias bajo el principio jerárquico y, por ello, inaplicar normas reglamentarias.
b. En cualquiera de los supuestos en que algún órgano de la Administración esté autorizado para inaplicar una norma reglamentaria por su incompatibilidad con una norma superior, esta actividad sólo se puede realizar como consecuencia de una autorización judicial.
c. La inaplicación de una norma reglamentaria puede realizarla un funcionario en el seno de un procedimiento administrativo. Piénsese, por ejemplo, en la competencia para declarar la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo que, siendo reglamentariamente válido, sin embargo, contravenga a la ley o a la Constitución.
d. La potestad de realizar un control abstracto de normas reglamentarias es una competencia confiada al Poder Judicial con determinadas excepciones.
6. “La función de una teoría de la argumentación ha de ser meramente descriptiva”.
a. Verdadero, la teoría de la argumentación debe dar cuenta de cómo razonan los operadores jurídicos, pero de ningún modo debe desempeñar una función política o moral.
b. Falso, la teoría de la argumentación es exclusivamente de tipo político.
c. Falso, una teoría de la argumentación debería cumplir básicamente tres funciones: teórica, práctica y política.
d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
7. En los casos de conflictos éticos que se pueden producir en el ejercicio profesional por parte de los fiscales, habrá que entender que lo principal es que:
a. Se dé primacía a los principios de legalidad y de imparcialidad, para hacer eficaces los contenidos de moralidad de nuestro sistema jurídico
b. Se dé primacía a que se aplique la sanción penal solicitada por el Ministerio Fiscal o, en su caso, por la acusación particular
c. Se dé primacía a las órdenes recibidas por el Gobierno
d. Se dé primacía a las órdenes recibidas por el Parlamento
8. Marque la opción correcta. En una controversia jurídica, para la superación de un conflicto de principios sigue:
a. Un examen de logicidad.
b. Un examen de racionalidad.
c. Las pautas de la ponderación de acuerdo a un caso concreto.
d. Un examen de prioridad.
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