Evolución legislativa del delito de lavado de activos [RN 1190-2019, Lima]

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Queridos amigos, compartimos con ustedes un fragmento del fundamento sexto de la resolución recaída en el Recurso de Nulidad 1190-2019, Lima. Aquí se registra una historia del desarrollo legislativo del delito de activos que es importante, toda vez que les está ocasionando confusiones a nuestros colegas sobre la vigencia de determinadas normas en el tiempo.

A continuación, colocamos la relación de normas en orden cronológico que obra en el fundamento sexto de la resolución.

1. El primer dispositivo legal en la materia fue el Decreto Legislativo 736, de 12 de noviembre de 1991, que incorporó al Código Penal los artículos 296-A y 296-B.

2. La Ley 25399, de 10 de febrero de 1992, derogó ese Decreto Legislativo 736.

3. La Ley 25404, de 26 de febrero de 1992, sobre la base del delito de receptación y en reemplazo de la derogación precedente, introdujo un supuesto agravado al sustituir el artículo 195 del Código Penal, en función a la adquisición, tenencia, ocultación, venta o ayuda a negociar un bien procedente del delito de tráfico ilícito de drogas.

4. El Decreto Ley 25428, de 11 de abril de 1992, volvió a incorporar al Código Penal los artículos 296-A y 296-B (lavado de activos según se utilice o no el sistema bancario o financiero)

5. La Ley 26223, de 24 de junio de 1994, modificó (agravó) el artículo 296-B del Código Penal, incorporado por el citado Decreto Ley 25428.

6. La Ley 27765, de 27 de junio de 2002, extrajo los anteriores tipos delictivos de lavado de activos del Código Penal y los configuró dentro del denominado “Derecho Penal Especial o Complementario”.

7. Mediante el Decreto Legislativo 986, de 22 de julio de 2007, la Ley 27765 fue modificada casi íntegramente.

8. El último dispositivo legal integral en esta materia es el Decreto Legislativo 1106, de 19 de abril de 2012.

9. El Decreto Legislativo 1106 fue modificado en algunos aspectos por la Ley 30077, de 20 de agosto de 2013; el Decreto Legislativo 1249, de 25 de noviembre de 2016, y el Decreto Legislativo 1352, de 7 de enero de 2017.

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