Luego de entregarse a las autoridades el miércoles 4 de diciembre, un día después que la Corte Suprema le impusiera una prisión preventiva de 18 meses, la suspendida fiscal Elizabeth Peralta fue clasificada, bajo el régimen ordinario, en el penal Mujeres de Chorrillos.
La llegada de la suspendida funcionaria al Poder Judicial se tenía previsto a mediados de las 2:30 p. m. del martes 3, sin embargo, cuando ya la prensa ya esperaba su presencia, su abogado Benji Espinoza informó que Peralta no acudiría de forma voluntaria a cumplir con el mandato judicial.
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Según el letrado, la entrega tardía de la otrora funcionaria pública no agrava su situación «porque lo hizo en ejercicio de su derecho». En diálogo con Canal N, sostuvo lo siguiente:
La Dra. Peralta quiere dar un ejemplo, pese a estar en desacuerdo con una decisión judicial, y tomar el camino del hábeas corpus; se está entregando y está dando cumplimiento. […] No quiere que esta situación sea utilizada para perjudicar su hoja de vida. [¿Cuánto tiempo estima que, de estos 18 meses, tengan que transcurrir hasta que, según la estrategia que usted plantea, recupere su libertad?] Aproximadamente seis meses hasta que el caso pueda resolverse en el Tribunal Constitucional.

Revocatoria de comparecencia
La Corte Suprema de Justicia revocó, el martes 3, el mandato de comparecencia con restricciones contra Peralta, investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, y le impuso una prisión preventiva por el plazo citado.
Los jueces Norma Carbajal, María Altabás y Saúl Peña Farfán respaldaron el pedido, mientras que sus colegas Manuel Luján, César San Martín e Iván Sequeiros se inclinaron por mantener la comparecencia con restricciones; por ello, se convocó al juez Álvarez Trujillo, quien finalmente inclinó la balanza hacia la medida coercitiva.
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Tesis fiscal
La investigación sostiene la existencia de tres presuntos hechos que probarían las imputaciones contra Elizabeth Peralta, Andrés Hurtado, exconductor de televisión bajo el pseudónimo de ‘Chibolín’, y Javier Miu Lei. El primero de ellos, indica la presunta devolución, por intermedio de Peralta Santur, de unos lingotes de oro a Miu Lei.
La hipótesis fiscal postula la supuesta entrega de 500 mil dólares ―por la restitución del mineral― realizada en la casa de Hurtado Grados, quién habría sido el responsable de conectar a Miu Lei con la fiscal superior.
En el segundo hecho, la Fiscalía argumenta sobre la entrega de 80 mil dólares a Peralta Santur para la apertura de una investigación por lavado de activos contra Jimmy Pflücker Pinillos, competencia directa de las actividades comerciales de Miu Lei.
Finalmente, el tercer hecho imputado es la entrega de 20 mil dólares a la ahora suspendida fiscal. Dicha transacción habría sido realizada con el fin de evitar la continuidad de una investigación por lavado de activos contra Quantico Servicios Integrados S.A.C, empresa de Iván Siucho Neira.
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![La comisión ocasional de robos a individuos de una zona que se desempeñan en la actividad minera (legal, ilegal o informal) no está destinada a controlar la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, sino al despojo [Casación 54-2022, Madre de Dios, f. j. 4]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)

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