El PJ condenó a 17 años de prisión efectiva contra los efectivos policiales Dino Ponce Pardo, Luis Quispe Cáceres y Juan León Mostacero por los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada en agravio de Azul Rojas, hechos ocurridos en febrero de 2008 en Casa Grande, La Libertad. La sentencia fue emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional y ordena, además, la captura nacional e internacional de los sentenciados, así como el pago de una reparación civil.
Tras conocerse el fallo, Azul Rojas señaló que, aunque la sentencia representa un acto de justicia, el camino hasta llegar a este punto habría estado marcado por la desprotección institucional y la discriminación. Afirmó:
El sistema judicial me dio la espalda. No se trata de hablar de la comunidad, no se trata de hablar de las mujeres trans, sino simplemente de que yo, como ser humano, tengo derecho al acceso a la justicia. Sin embargo, a mí me lo negaron.
Rojas relató que acudió a denunciar los hechos el 25 de febrero de 2008, apenas horas después de haber sido liberada de la comisaría de Casa Grande, pero encontró resistencia por parte de las propias autoridades. «Fui a la comisaría a denunciar y tuve una negativa de los mismos policías; no querían recibirme la denuncia», sostuvo. Recién el 27 de febrero su denuncia fue formalmente aceptada, luego de que el caso empezara a hacerse público, especificó.
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Amenazas e intimidaciones tras la denuncia
Recordó que uno de los primeros episodios que marcó el inicio de su búsqueda de justicia ocurrió cuando acudió a la comisaría junto a su madre para denunciar los hechos, momento en el que el entonces comisario, mayor Gómez Reina, le habría ofrecido dinero a su madre para evitar que presentaran la denuncia. Según su testimonio, el oficial les propuso entregarles S/1000 con el argumento de cubrir gastos médicos y les aseguró que él mismo sancionaría a los responsables, insistiendo en que no continuaran con la denuncia formal.
Durante todo el proceso, la agraviada afirmó que «siempre hubo un no creerme. El prejuicio venía dirigido a mi orientación sexual y a mi identidad de género. En ese tiempo yo me identificaba como un hombre gay», explicó, señalando que esta mirada discriminatoria influyó directamente en la forma en que se investigó su caso.
Azul Rojas también denunció sufrir amenazas e intimidaciones tras interponer la denuncia. Según contó, su familia fue hostigada de manera sistemática. «A mis hermanos, que eran mototaxistas, les quitaban las motos sin razón. El mensaje era que ellos me digan que deje de denunciar», relató. A ello se sumaron actos que describió como amedrentamiento, como el paso constante de vehículos con lunas polarizadas frente a su vivienda durante las noches.
El caso, sin embargo, no avanzó de inmediato en el sistema judicial. Azul recordó que, pese a que en abril de 2008 se dictó prisión preventiva contra los policías, estos fueron liberados pocos días después. Finalmente, en enero de 2009, el proceso fue archivado.
Intervención de Corte IDH
Ante la falta de respuesta en el ámbito nacional, el caso fue llevado al sistema interamericano. El abogado Sergio Cruz, de Promsex, explicó que la decisión de acudir a instancias internacionales se tomó al constatar que no existían garantías de justicia en el Perú. «En sede nacional no se valoraron los elementos probatorios y hubo un trato prejuicioso por la orientación sexual de Azul, incluso por parte de jueces y fiscales», señaló.
Como resultado de este proceso, en marzo de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado peruano en el caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú, ordenando diversas medidas de reparación. «Se lograron reparaciones como las disculpas públicas, pero muchas otras siguen incumplidas, como el protocolo de investigación en casos LGTBI y la reparación económica», precisó Cruz.
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Lucha por jusiticia continuará
El letrado indicó que el proceso aún no ha concluido, ya que se encuentra en trámite una apelación. «Los sentenciados han apelado buscando la absolución, mientras que el Ministerio Público ha solicitado que se corrija el cómputo de la pena, que debería ser de 20 años y seis meses», explicó. La defensa de Azul, añadió, respalda esta posición y continuará acompañándola hasta el final del proceso.
Respecto a la reciente condena, Rojas sostuvo que, aunque ninguna pena puede reparar completamente el daño sufrido, la sentencia tiene un valor simbólico y social. Además, recordó el fallecimiento de su madre durante su busca por justicia:
Ni una cadena perpetua me va a devolver lo que perdí, ni la vida de mi madre. Pero esta sentencia es un mensaje para la sociedad y para quienes han sido históricamente discriminados. Esto recién empieza. Esperamos que esta sentencia permita que los jueces resuelvan estos casos sin prejuicios y con verdadero acceso a la justicia.
EXPEDIENTE :00272-2023-10-5001-JR-PE-10
JUZGADO : Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional
JUECES : Nayko Techy Coronado Salazar
: Max Oliver Vengoa Valdiglesias
: Wilmer Roy Quispe Umasi :
ESPECIALISTA : Luis Alberto Ayala Aguilar
ACUSADOS : Dino Horacio Ponce Pardo y otros.
DELITOS : Tortura agravada y violación sexual agravada
AGRAVIADS : L.A.R.M.
SENTENCIA
RESOLUCIÓN N.° 16
Lima, quince de diciembre de dos mil veinticinco.
VISTOS Y OIDOS: El juicio oral seguido contra DINO HORACIO PONCE PARDO, LUIS MIGUEL QUISPE CACERES Y JUAN ISAAC LEON MOSTACERO, por la presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de tortura agravada, y del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual agravada, ambos en agravio de la persona de iniciales L.A.R.M.
I. PARTE EXPOSITIVA
PRIMERO: IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
1. Las partes y acusados del presente caso son los siguientes:
1.1 Partes
| Ministerio Público | |
| Abog. Ketty Garibay Mascco | Fiscal Adjunta Provincial de la Segunda Fiscalía Penal
Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. |
| Actor Civil | |
| Abog. Edith Arenaza Carbajal | Defensa de la agraviada L.A.R.M. |
| Acusados | |
| Abog. Mario Deza Castañeda | Defensa del acusado Dino Horacio Ponce Pardo. |
| Defensa del acusado Luis Miguel Quispe Cáceres. | |
| Abog. Víctor Peralta Miranda | Defensa del acusado Juan Isaac León Mostacero. |
[Continúa…]
