El congresista de Fuerza Popular, César Segura Izquierdo, encargado de preparar las recomendaciones para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tramita la denuncia constitucional formulada por un grupo de marinos en contra de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), ha sugerido en su informe la destitución del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña y su inhabilitación por diez años para ejercer cualquier cargo público, según información de La República.
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Segura Izquierdo, además, recomendó la suspensión por 30 días de los magistrados Marianella Ledesma Narváez y Carlos Ramos Núñez y la absolución de todos los cargos al magistrado Manuel Miranda Canales, actual presidente del TC.
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La Subcomisión deberá votar estas recomendaciones. Si lo planteado por el parlamentario Segura se aprueba, luego de trámites previos, la Comisión Permanente tendrá que acusar a los magistrados ante el Congreso para que este imponga las sanciones.
La gravedad de la sanción que se pretende imponer al magistrado Espinosa-Saldaña sería por haber sido el ponente del auto que corrigió una sentencia de 2013. Como se sabe, en marzo de este año el TC, con la firma de los magistrados Miranda Canales, Espinosa-Saldaña, Ramos Núñez y Marianella Narváez, corrigió el extremo de una sentencia que decía que los hechos de El Frontón no constituían un crimen de lesa humanidad. Para entender este peliagudo asunto, hace unas semanas elaboramos un informe que puede leerse aquí.
Walter Albán, abogado del magistrado Espinosa-Saldaña, sostuvo que esta diferenciación en las sanciones a imponerse sería una muestra más de que el proceso se ha llevado con un sesgo político, porque justificar esta decisión con el argumento de que él fue el ponente «es como decir que los otros [magistrados] no son capaces de responder por su firma». Así también, añadió que detrás de estas sanciones subyace el interés del partido de Fuerza Popular de controlar el TC con el apoyo de la bancada aprista.
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Por último, Albán refirió que se ha violado el debido proceso en la tramitación de esta denuncia constitucional: primero, porque los magistrados tuvieron que defenderse ante la Subcomisión sin saber cuáles eran exactamente los cargos; segundo, porque no les permitió interrogar a los testigos en la audiencia; y tercero, porque no se incluyó en los actuados un vídeo en el que el exmagistrado Vergara Gotelli les da la razón.
La Corte Interamericana entra a tallar
Cabe mencionar que hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha admitido a trámite un pedido de medida cautelar («en tutela de la estabilidad en sus puestos») frente a la eventual destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Congreso (TC).
Como se sabe, las medidas preventivas que dispone la Corte IDH, una vez que resuelve el fondo del asunto, buscan proteger a las personas de «daños irreparables» frente a situaciones greves y urgentes. Así las cosas, de aplicarse estas medidas provisionales el Congreso no podría retirar de sus cargos a los miembros del TC.
Según el documento del caso CDH-10.009/678 (Durand y Ugarte vs. Perú) el secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra Alessandri, ha pedido al Estado y a la Comisión Interamericana (CIDH) que informen sus observaciones frente al pedido de los magistrados del TC:
Me permito comunicar que, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte y de conformidad con el artículo 27.5 del Reglamento del Tribunal, se otorgó un plazo al Estado a la Comisión IDH para que, a más tardar el 14 de diciembre de 2017, presenten sus observaciones a la referida solicitud de medidas provisionales.
