La ONG Amnistía Internacional (AI) realizó un informe sobre las muertes que dejaron las protestas sociales entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Los decesos ocurrieron durante los primeros meses del mandato de la presidenta Dina Boluarte.
El documento titulado «¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú» recoge múltiples «hallazgos» sobre la actuación del Gobierno frente a las manifestaciones.
La entidad sostiene como aspecto principal que Boluarte Zegarra «podría ser investigada como posible autora mediata de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas».
De acuerdo al informe, ello se encuentra amparado en «el Código Penal de Perú, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, en su sentencia de 2009 en contra del expresidente Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno en el país».
Además, concluye que la «planificación de operaciones» de la Policía Nacional (PNP) tuvo una «influencia directa en las graves violaciones de derechos humanos». Añade que todos los planes policiales revisados destacan por dos aspectos:
En primer lugar, los planes se referían específicamente a las personas manifestantes como “fuerzas adversas” y las señalaban como “delincuentes” vinculadas a grupos “terroristas” a pesar de que éstos no incluían ninguna evidencia de que este fuera el caso, y a pesar también de que, hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha encontrado ninguna prueba que sugiera que las personas que murieron o resultaron heridas en las protestas tuvieran antecedentes delictivos.
Asimismo, los planes autorizaban explícitamente el uso de fuerza letal en respuesta a las protestas, a pesar de que las normas internacionales dejan claro que el uso de munición letal no es apropiado para dispersar a multitudes durante las protestas.
¿QUIÉN DISPARÓ LA ORDEN?
RESPONSABILIDAD DE LA CADENA DE MANDO POR MUERTES Y LESIONES EN PROTESTAS EN PERÚ
1. RESUMEN EJECUTIVO
A dieciocho meses de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en Perú desde el conflicto armado interno que el país vivió hace casi tres décadas, persisten múltiples interrogantes sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas que ocurrieron en todo el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Cincuenta personas y un policía perdieron la vida, y más de mil resultaron gravemente heridas durante estas protestas. Hasta la fecha, ninguna persona funcionaria pública ha sido acusada penalmente por los hechos. Este informe analiza el papel que tuvieron los altos mandos policiales y militares, así como altos funcionarios civiles, durante estas tragedias y la responsabilidad que podrían tener en los actos cometidos, algunos de los cuales se podrían considerar crímenes bajo el derecho internacional. La investigación actual representa el segundo capítulo de un esfuerzo continuado de investigación que Amnistía Internacional inició en diciembre de 2022, cuando comenzó la represión a las protestas. En mayo de 2023, la organización publicó un informe que evidenció las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas, concebidas como ataques generalizados de las fuerzas de seguridad incluyendo posibles ejecuciones extrajudiciales. El documento también señaló el marcado sesgo racista de las tácticas represivas de las fuerzas de seguridad. A un poco más de un año desde dicha publicación, el presente informe contiene cinco hallazgos principales.
I. LOS MANDOS POLICIALES DIERON ORDENES CON CONSECUENCIAS LETALES
El primer hallazgo concluye que la planificación que la Policía Nacional del Perú (PNP) hizo para las operaciones durante las protestas tuvo una influencia directa en las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron. Amnistía Internacional analizó planes y órdenes de las operaciones de la PNP a nivel nacional, así como algunos planes correspondientes a regiones donde ocurrieron la mayoría de las muertes. En todos los planes revisados destacaban dos aspectos de la respuesta policial. En primer lugar, los planes se referían específicamente a las personas manifestantes como “fuerzas adversas” y las señalaban como “delincuentes” vinculadas a grupos “terroristas”, a pesar de que éstos no incluían ninguna evidencia de que este fuera el caso, y a pesar también de que, hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha encontrado ninguna prueba que sugiera que las personas que murieron o resultaron heridas en las protestas tuvieran antecedentes delictivos. Asimismo, los planes autorizaban explícitamente el uso de fuerza letal en respuesta a las protestas, a pesar de que las normas internacionales dejan claro que el uso de munición letal no es apropiado para dispersar a multitudes durante las protestas. Los documentos internos de la policía citados como base para permitir dicho uso de la fuerza letal van en contra del derecho internacional e incluso de la legislación peruana sobre el uso de la fuerza. Los planes operativos permitían grupos de “fusileros” como parte de las operaciones, además de mencionar que la respuesta policial prevería “un grupo con armas letales al mando de un Oficial, el mismo que será empleado cuando el Jefe Operativo disponga.” La cadena de mando durante las operaciones policiales en las protestas en diferentes partes del país estuvo directamente vinculada a los rangos más altos de la PNP con sede en la capital, Lima. Estos tenían la posibilidad en todo momento de ponerse en contacto con sus subordinados en el terreno, inclusive para ordenar un cambio en el curso de la respuesta a los acontecimientos. El comandante general de la PNP, el oficial de mayor rango en la policía, delegó la coordinación de la respuesta de esta institución a las protestas al cuarto miembro de mayor rango de la PNP, denominado Comando de Asesoramiento General (COMASGEN). Este comando, un cargo de carácter individual designado a un general, fue el responsable de firmar los planes generales para la emergencia nacional, así como de revisar y firmar los planes formulados para cada una de las regiones. Por su parte, los comandos a nivel regional tenían la posibilidad de estar informados en tiempo real de los acontecimientos que ocurrían en el terreno, donde policías con rango de coronel y mayor actuaban como comandos y jefes operativos en las calles junto a efectivos policiales que podrían haber sido responsables del uso ilegítimo de armas letales como fusiles y pistolas, así como de casos de uso ilegítimo de fuerza menos letal, como gases lacrimógenos y perdigones.
En el caso de las operaciones policiales en las localidades de Andahuaylas y Chincheros, región de Apurímac, Amnistía Internacional encontró que, a pesar de que seis personas murieron debido al uso ilegítimo de fuerza letal los días 11 y 12 de diciembre de 2022, el general a cargo de estas operaciones testificó posteriormente que las operaciones se habían llevado a cabo correctamente, de acuerdo con todas las leyes y reglamentos. El procedimiento disciplinario interno contra este general fue archivado por las autoridades responsables de los procesos disciplinarios del cuerpo policial. No sólo eso, sino que, hasta la fecha, a pesar de múltiples solicitudes de información pública, Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya suspendido a ningún policía por su posible implicación en las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. La información disponible sugiere que muchos de ellos permanecieron en sus puestos o incluso fueron ascendidos tras las protestas.
A pesar de que a finales de 2022 se produjeron múltiples muertes durante protestas, en las que miembros de la PNP habían respondido con un uso innecesario y excesivo de la fuerza, para enero de 2023, no existe información pública que sugiera que los mandos de la PNP impulsaron procesos de rendición de cuentas para los sospechosos de ser responsables de estas muertes y lesiones. Al contrario, autorizaron que se repitieran las mismas tácticas durante las protestas en Juliaca, región de Puno, donde el 9 de enero de 2023 murieron 18 personas y más de 100 resultaron heridas en una operación conjunta de la policía y el ejército, siendo el día más letal de la represión de las protestas. En Juliaca se desplegaron los mismos comandantes de la División de Operaciones Especiales (DIROPESP), la unidad que había estado a cargo de las operaciones letales en Andahuaylas. Al igual que había ocurrido en diciembre de 2022, un mes después en Juliaca, la policía seguía siendo provista de fusiles de largo alcance como los AKM y FAL, además de pistolas Pietro Beretta y Sig Sauer, para responder a protestas mayoritariamente pacíficas. La repetición de tácticas letales durante varias semanas de protestas de cuenta de la posible omisión de los mandos policiales de investigar y sancionar a las personas sospechadas de haber cometido los delitos, así como de prohibir que se siguieran cometiendo violaciones de derechos humanos.
II. MANDOS MILITARES CAUSARON DISPAROS CONTRA PERSONAS INDEFENSAS
El segundo hallazgo principal del informe se refiere a la responsabilidad de los comandantes de las fuerzas armadas del Perú sobre las operaciones en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022. La cadena de mando durante estas operaciones llegó hasta el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), que tenía la posibilidad de estar en comunicación en todo momento con el jefe de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho. A pesar de eso, en Ayacucho, el ejército continuó usando la fuerza de manera indiscriminada durante siete horas, hasta la noche, a pesar de que entre las víctimas había varios niños, personas indefensas y transeúntes. Eso también a pesar de que el CCFFAA recibió una llamada telefónica a las 17:47 horas desde la Defensoría del Pueblo pidiendo un cese de fuego.
[Continúa…]
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