El constitucionalista Diego Pomareda quiere ser diputado para el 2026. En una entrevista ofrecida a LP, adelantó que de llegar al parlamento nacional presentaría un proyecto de ley para que un solo peruano pueda presentar una demanda de inconstitucionalidad, sin necesidad de 5000 firmas como lo contempla la actual legislación.
Es decir, un solo ciudadano que considere que una ley es inconstitucional podría activar el mecanismo para derogarla. Hoy esa facultad es exclusiva de ciertas instituciones, de acuerdo al artículo 203 de nuestra Constitución Política del Perú: presidente de la República, fiscal de la Nación, presidente del PJ, Defensor del Pueblo, cinco mil ciudadanos, entre otros. Esta polémica propuesta fue desarrollada en su obra El ciudadano frente a la ley.
Se busca incentivar a que la ciudadanía participe, que haya un debate deliberativo en el que se involucre la gente como principal defensora de la constitucionalidad y de las normas. Y creo que eso permitiría una verdadera democracia participativa.
Más información Formulario aquí
Las críticas a su propuesta
La sobrecarga procesal es uno de los principales cuestionamientos a esta iniciativa. Hay quienes advierten que abrir este camino individual sin filtros generaría una avalancha de demandas ante el Tribunal Constitucional.
En opinión del constitucionalista, el TC no tendría que revisar en última instancia las demandas de amparo, de esa manera se garantizaría que descarga procesal para que se enfoquen en demandas de inconstitucionalidad.
La primera línea de defensa debe ser el Poder Judicial. Yo no creo que el Tribunal Constitucional deba definir en ultima instancia los casos de amparos. Prioricemos conflictos de competencias.
Sin embargo, Diego Pomareda asegura haber investigado a profundidad cómo funcionan las demandas de inconstitucionalidad en otros países: «En Ecuador se pasó de 1000 a 1, en Colombia siempre fue la acción pública».
