En una operación ejecutada por personal de Inteligencia de Tránsito, el joven Adrián Villar Chirinos fue detenido de manera preliminar esta madrugada en su domicilio de Miraflores. La medida judicial se da en el contexto de la investigación por el atropello y posterior fallecimiento de la seleccionada de buceo, Lizeth Marzano Noguera, ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.
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Tras su detención, que tendrá un plazo de duración de 72 horas, el investigado fue trasladado a la sede de Medicina Legal para las diligencias de protocolo obligatorias por ley. La orden de detención, gestionada por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince, se fundamenta en la aparición de nuevos elementos de convicción, específicamente grabaciones de cámaras de seguridad difundidas por medios de comunicación.
En estas imágenes se observa a Villar en un parque público horas después del accidente, acompañado de familiares y la periodista Marisel Linares; un hecho que, procesalmente, fortalece la hipótesis fiscal sobre un presunto peligro de fuga u obstaculización de la justicia al no haberse puesto a derecho de forma inmediata.
Jurídicamente, la Fiscalía ha tipificado los hechos bajo tres cargos graves: homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito. Esta acumulación de delitos sugiere un concurso real, donde la pena por la muerte de la deportista se ve agravada por la conducta posterior del conductor, quien presuntamente abandonó a la víctima y eludió la acción de la justicia en los momentos críticos tras el impacto.
Tras completar las pericias de ley, el detenido será conducido a la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito en La Victoria. En dicha sede, deberá rendir su declaración, una diligencia clave donde la defensa técnica buscará desvirtuar los presupuestos de la detención, mientras que la fiscalía consolidará la información necesaria para decidir si solicita una medida de prisión preventiva ante el Poder Judicial.
Esta medida, solicitada por el Ministerio Público y autorizada por un juez, busca asegurar la presencia del investigado y evitar la alteración de fuentes de prueba. La medida se sustenta en el artículo 261 del Código Procesal Penal, basándose en elementos de sospecha razonable ante el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad.
La detención tendrá una duración máxima de siete días, periodo en el cual la Fiscalía realizará diligencias urgentes e inaplazables para determinar la situación jurídica del imputado. Esta acción instrumental busca garantizar que la investigación no se vea perturbada por acciones del investigado.
Al vencimiento del plazo, el Ministerio Público deberá decidir entre solicitar la libertad, una comparecencia con restricciones, o formular un requerimiento de prisión preventiva. Esta última opción abriría un debate con un estándar probatorio mucho más riguroso para la defensa y la Fiscalía.
