El cuerpo de la suboficial Marleni Martha Rucana Silvestre, reportada como desaparecida desde el 21 de febrero en Huaraz, fue hallado en un barranco tras las labores de búsqueda realizadas por personal especializado. En el marco de las investigaciones, fue detenido el efectivo policial José Enrique Villafán Arteaga, quien es señalado como principal sospechoso del crimen.
La Policía Nacional informó que el hallazgo se produjo luego de operativos desplegados en zonas agrestes de la jurisdicción. Según el comunicado institucional, el agente implicado cuenta con mandato de prisión preventiva por disposición judicial, mientras continúan las diligencias para el esclarecimiento total de los hechos en coordinación con el Ministerio Público.
El procedimiento fue supervisado por el fiscal provincial William Loayza Apaza, quien indicó que las investigaciones seguirán para determinar las circunstancias y el móvil del presunto asesinato. La zona fue acordonada para permitir el trabajo pericial y el levantamiento del cuerpo, a cargo de especialistas del Instituto de Medicina Legal.
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Debido a la complejidad del terreno, se requirió la participación de equipos de rescate, que utilizaron cuerdas y arneses para acceder al punto exacto donde se encontraba el cadáver. Durante la intervención, los peritos recolectaron evidencias relevantes que serán incorporadas al proceso.
De acuerdo con la información preliminar, la confesión del sospechoso se habría producido tras una audiencia judicial en la que su defensa cuestionó los argumentos fiscales para solicitar prisión preventiva. Entre sus alegatos, señaló que el investigado no contaría con vehículo propio y que mostró disposición para colaborar con las diligencias al autorizar el ingreso de las autoridades a su vivienda.
Audiencia de prisión preventiva en el caso de la suboficial desaparecida
El 27 de febrero de 2026 se llevó a cabo una audiencia para debatir el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público en contra de José Enrique Villafán Arteaga. El imputado, quien se desempeñaba como efectivo policial y abogado, fue acusado por la presunta comisión del delito de secuestro agravado en perjuicio de la suboficial de la Policía Nacional, Marleni Marta Rucana Silvestre. Durante la sesión, el juez determinó que el debate se centraría en cinco presupuestos procesales esenciales: los graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de la pena, el peligro procesal, la proporcionalidad de la medida y el plazo de la prisión preventiva.
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Los hechos imputados por la fiscalía sostienen que el 21 de febrero de 2026, la agraviada ingresó a laborar a su centro de trabajo en el sector Paltay a las 7:42 horas y se retiró a las 12:22 horas indicando que iría a almorzar. Minutos después, los registros de diversas cámaras de seguridad captaron a la suboficial abordando una camioneta roja marca Ford, la cual era conducida y de propiedad del investigado Villafán Arteaga.
El relato fiscal detalla que ambos se desplazaron por distintos puntos de la ciudad y, a las 19:19 horas, la víctima fue vista descendiendo del vehículo para ingresar brevemente al hospedaje «Noches Mágicas», retornando luego al asiento del copiloto. El último avistamiento del vehículo ocurrió a las 21:53 horas, dirigiéndose hacia el distrito de Shilla, en la provincia de Carhuaz; desde ese instante, la suboficial no volvió a su centro de labores ni a su domicilio, su teléfono permaneció inactivo y su paradero es desconocido.
Como principales elementos de convicción, el fiscal destacó que el imputado fue la última persona que tuvo contacto con la víctima, aunque inicialmente mintió negando haberse reunido con ella. Las investigaciones policiales revelaron además que la camioneta fue hallada en Lima en poder del hermano del imputado, Mateo Villafán Arteaga, quien confesó que el investigado le pidió trasladar el vehículo y cambiar el asiento del copiloto. Las pericias de criminalística en el vehículo encontraron soldaduras recientes en los rieles del asiento derecho, signos de limpieza, productos químicos y manchas pardorrojizas compatibles con sangre humana.
Por su parte, la defensa técnica cuestionó la tipificación del delito de secuestro, argumentando que la agraviada subió al vehículo de manera voluntaria y que los videos no demostraban que hubiera sido privada de su libertad por la fuerza. La abogada defensora señaló que las manchas de sangre aún requerían una prueba de ADN para confirmar si pertenecían a la víctima y que, de ser así, podrían sugerir un delito de lesiones, pero no necesariamente un secuestro. Además, objetó la legalidad de la revisión del vehículo en Lima, alegando que se realizó sin notificar a la defensa técnica.
Respecto al peligro procesal, el Ministerio Público argumentó un evidente riesgo de fuga y de obstaculización, fundamentado en la alta pena esperada (no menor de 25 a 30 años) y en las acciones que el imputado realizó para eliminar pruebas, como ordenar a un tercero limpiar la camioneta y desaparecer el asiento manchado de sangre. El juzgado coincidió con esta postura, evaluando que los arraigos domiciliario y familiar del investigado eran precarios, y consideró que su conocimiento en técnicas de investigación, debido a su profesión de policía, elevaba el riesgo de que interfiriera con las diligencias pendientes.
Finalmente, tras evaluar todos los elementos, el juez declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dictó nueve meses de prisión preventiva contra José Enrique Villafán Arteaga. De manera sorpresiva, durante su derecho a la defensa material, el imputado decidió allanarse a la investigación y al pedido de prisión preventiva. A solicitud del investigado para someterse a una actuación de prueba anticipada, el juez ordenó suspender momentáneamente la ejecución del traslado al penal hasta que concluyera dicha diligencia, la cual se programó para realizarse minutos después de finalizada la audiencia.
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