Denuncian que el gerente general del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol), coronel Edgar Paredes Montenegro, habría accedido a un préstamo por S/533 736 15 en un plazo de apenas 13 días para la compra de un departamento ubicado en el distrito de San Isidro, pese a haber realizado aportes mínimos al fondo durante su etapa como aportante.
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De acuerdo con una denuncia difundida por el medio China Polo, el actual funcionario se habría «autoprestado» dicho monto cuando ocupaba el cargo de gerente de Fovipol. Según la información expuesta, Paredes Montenegro solo habría contribuido con S/2194 al fondo entre los años 1993 y 2000, cifra que contrasta con el elevado préstamo otorgado para la adquisición de una vivienda en una de las zonas más exclusivas de Lima.
Ante los cuestionamientos, el coronel defendió su actuación señalando que tiene derecho a acceder a una vivienda. «Yo estoy consciente de que también tengo un derecho, quiero una vivienda digna, nunca me he beneficiado y tengo la posibilidad, es un derecho. Nadie puede quitar el derecho a una vivienda», declaró al respecto, según el mismo medio.
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Sin embargo, el caso cobra mayor relevancia al contrastarse con la situación general del Fondo de Vivienda Policial. Según información atribuida al Instituto de Defensa Legal Policial, más de 104 000 aportantes de Fovipol, equivalentes al 81 %, se encontrarían aún pendientes de acceder a alguno de los beneficios contemplados en la Ley 24686, que regula préstamos para la compra de viviendas, terrenos o cascos habitables, así como en la Ley 27801, orientada a créditos para reparación, remodelación o ampliación de inmuebles.
Asimismo, documentos citados por dicha institución advierten que el Fondo de Vivienda Policial atraviesa una situación financiera crítica, producto de deficiencias en la gestión administrativa, ejecución y control de sus recursos. Esta situación, según el diagnóstico, refracta una deficiente gestión:
Se determina, en términos generales, que el Fondo de Vivienda Policial afronta una situación financiera crítica a consecuencia de una deficiente gestión en la administración, ejecución y control de los recursos de FOVIPOL colocando en riesgo la finalidad principal del Fondo, que consiste en atender las necesidades de vivienda del personal policial aportante.
