La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional el 17 de junio contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por archivar una investigación contra el expresidente Martín Vizcarra.
El caso respondía a la presunta compra irregular de pruebas rápidas, durante la pandemia de COVID-19, en la gestión del entonces mandatario.
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Villena es sindicado por la aparente infracción de los artículos 39 y 159 de la Constitución, y los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales.
En ese marco, se solicita su inhabilitación de la función pública por diez años y su procesamiento penal.
El 15 de junio, la Procuraduría General del Estado anunció que solicitó al titular del Ministerio Público reexaminar y reaperturar el proceso «en virtud de 9 elementos de convicción».
Similar medida presentó la abogada y exprocuradora pública del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, el 8 del mismo mes.
En detalle
Villena Campana informó el 3 de junio que no se formuló una denuncia constitucional contra el exdignatario por la presunta adquisición ilícita de 1 millón 400 mil pruebas rápidas, debido a que la aparente inexistencia de indicios suficientes del delito de colusión:
En lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle.
En ese sentido, la resolución fiscal dispuso «no haber mérito» para formular denuncia constitucional contra el exmandatario ni para María Antonieta Alva Luperdi, ex ministra de Economía y Finanzas, María Elízabeth Hinostroza Pereyra y Víctor Marcial Zamora Mesía, ambos en sus actuaciones como ministros de Salud.
En esa línea, se ordenó «archivar definitivamente los antecedentes del presente caso en todos sus extremos».
