La congresista Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, presentó una denuncia constitucional en contra la presidente de la república, Dina Boluarte, y tres de sus ministros de Estado.
La acusación se produce por los decesos de más de 28 personas en las manifestaciones, en contra de la gestión de Boluarte Zegarra, suscitadas durante las últimas semanas de diciembre del año pasado.
Dicho documento fue presentado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, grupo de trabajo liderado por la legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso), y tiene como primer punto denunciar a los mencionados por una supuesta infracción de los artículos 1; 2; 39; 44 y 118 de la Carta Magna.
Esta se interpone en contra de Dina Boluarte Zegarra, en su calidad de presidenta de la República, Pedro Angulo Arana, en su calidad de expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otálora Peñaranda, en su calidad de ex Ministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros, César Augusto Cervantes Cárdenas, en su calidad de exministro de Interior, y José Tello Alfaro, ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo, se presentó una denuncia de contenido penal en contra de Angulo Arana, Otálora Peñaranda y Cervantes Cárdenas en su condición de autores mediatos por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y de lesiones graves conforme a los artículos 108 y 121 del Código Penal.
En el texto se cuestiona la labor de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP). El pasado catorce de diciembre, el entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció la declaratoria del Estado de Emergencia a nivel nacional para frenar los actos violentos que se reportaban en dicho momento.
“Los denunciados, por su condición de Presidenta, Ministro del Interior, Ministro de Defensa y Presidente del Consejo de Ministros están dentro del aparato del Estado en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares, por lo que las órdenes que emitan o dispongan serán de obligatorio cumplimiento por las personas que estén en esferas más bajas y por los propios agentes policiales y militares que ejecutaron el operativo”, se lee en el documento.
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