Es innegable que el conflicto social producido en el Perú en los últimos meses ha traído consecuencias en los ámbitos económico, político y social. De hecho, el Gobierno de Dina Boluarte se presenta como una continuidad en el debilitamiento del estado de derecho y sus mecanismos de rendición de cuentas; una fatiga democrática y constreñimiento a las libertades políticas y civiles; y una desconfianza ciudadana hacia lo público, ya que los casos de corrupción no se han detenido, ni han sido resueltos. Todo ello, expresado en el rechazo mayoritario de la ciudadanía, y en lo que Vergara ha definido como la “barbarie”, o Méndez como “un fascismo del siglo XXI” en el Perú.
En el informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas sociales ocurridas contra el Gobierno de Boluarte, señalaba que existían en el Perú problemas estructurales como la discriminación y la desigualdad hacia los pueblos indígenas y comunidades locales. Esta situación se expresa en un modelo extractivista que no genera extensamente beneficios económicos a estos ciudadanos, sino que, por el contrario, no reconoce sus derechos de participación en la gestión de los recursos naturales ni asegura sus derechos ambientales, al generar conflictos socioambientales y casos de contaminación no resueltos.
Este informe de la CIDH debió permitir una mayor reflexión sobre como estas protestas sociales pueden ser atendidas con mejoras del modelo extractivo en el Perú. Sin embargo, al Gobierno y al sector empresarial sólo les produjo un profundo rechazo, acusando a la CIDH de “sesgada”, “de obtuso ideológico”, de “ignorancia audaz”, e incluso una obstinación, lo que claramente expresa los problemas de desigualdad y discriminación que vivimos. Esta fase de negación, que no propone ningún tipo de diálogo político, sino que demuestra un empecinamiento de continuar con un modelo económico que amerita cambios y mejoras, que pareciera que estuviera centrado en preservar privilegios, más que entender que para muchos de nuestros compatriotas algo no está funcionando hace mucho tiempo.
Por el contrario, bajo una comparsa mediática en algunos casos, y un silencio acrítico en otros, utilizando la narrativa de la recuperación económica y de responder a las demandas sociales insatisfechas durante la pandemia, la alianza Legislativo-Ejecutivo viene promoviendo varias reformas legales para controlar distintos organismos constitucionales autónomos, e incluso restringir derechos, siendo el más grave de todos, el sueño trasnochado conservador de denunciar el Pacto de San José.
En ese mismo proceso de reformas, bajo el objetivo de facilitar la inversión, se pretende incluso atentar contra nuestro patrimonio natural. La plataforma Mongabay ya había alertado de estos cambios legales y el portal Vigilante Amazónico elaboró un cuadro de propuestas de reformas legales que atentarían contra los derechos de los pueblos indígenas y la conservación de los bosques amazónicos, si estás se aprobaran.
No es que estemos ante una visión integral sobre la promoción de las inversiones y el tratamiento de los recursos naturales. Sino ante una carrera de cambios legales, donde distintas élites económicas y políticas están gestionando intereses privados que no aseguran el beneficio a toda la comunidad. Al menos, su discurso pretende moverse en ese terreno, pero la evidencia técnica no, por lo que es posible que los riesgos ambientales sigan creciendo, como en los últimos años.
Estas reformas terminan siendo la evidencia que le exigían a la CIDH en su informe con respecto al mal llamado “modelo extractivista” y sus efectos negativos. Cada una de estas propuestas legales pretende hacer cambios bajo el hilo conductor de facilitar la inversión, ergo traerá más riqueza. Pero esta relación no es así de mecánica, porque si bien el Perú ha crecido, no se ha podido asegurar que dicho crecimiento sea más inclusivo, más equitativo y más sostenible para todos.
Finalmente, en un artículo de Barrenechea y Vergara señalan que la democracia no solo se ve amenazada por la concentración de poder, sino también por su dilución, y un ejemplo es el Perú. Pero ¿acaso no estamos ante una recuperación de la concentración del poder democrático en el Perú?, ¿no hubo una correcta sucesión constitucional?, ¿acaso los Poderes Legislativo y Ejecutivo cooperan amable e incluso complacientemente? Pues no, ya que esta concentración de poder no significa devolver el poder diluido a los ciudadanos, sino a una cleptocracia interesada en beneficiarse ella, bajo el discurso de una recuperación democrática, la meritocracia, la lucha contra la corrupción y el brindar mejores servicios públicos. Sin embargo, el modelo político y régimen económico no han cambiado en lo sustantivo, tan solo para que hoy existan menos libertades, menos participación y menos garantías para la sostenibilidad y que la comunidad política se siga beneficiando de la forma de hacer negocios a la que están acostumbrados en las últimas décadas.
