Fundamento destacado: SÉTIMO: Es innegable que la malversación ostenta, también, un carácter patrimonial evidente y al incidir sobre fondos públicos, lesiona intereses patrimoniales de la administración estatal[1]. La prueba pericial es de carácter complejo y consta, entre otros elementos, de operaciones técnicas, esto es, actividades especializadas que realizan los peritos sobre el objeto peritado, y que en los delitos que suponen una evidente trascendencia patrimonial contra el Estado, como es el delito de peculado y malversación de fondos, resultan pertinentes y relevantes para dilucidar el thema probandum; máxime, si en los supuestos típicos implican desmedro patrimonial de los fondos o caudales estatales[2]. Ahora bien, es de verificarse que en el caso concreto no se ha determinado de qué forma se ha afectado el cumplimiento de los pagos para: i) Elaborar un estudio de preinversión a nivel de prefactibilidad del proyecto construcción e implementación de la Universidad Tecnológica Ashaninka Yanesha; ii) Seleccionar consultores para la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para la actualización del Plan de Desarrollo Concertado Distrital de Puerto Bermúdez; es decir, cómo se han visto afectadas tales partidas, máxime si el Dictamen Pericial Contable, suscrito por los peritos judiciales Juan Flores Barrenechea y Eduardo Candiotti Ybáñez, de fojas 1231 y su ampliación, de fojas 1278, no determinan taxativamente el servicio o función pública específicos afectados como consecuencia de la conducta desplegada del encausado.
Sumilla: Así, no es suficiente que el dinero sea destinado a fines distintos a los programados, sino que ese desvío debe ser definitivo, además que tiene que afectar el servicio o función encomendados, lo que no se acredita en la presente causa.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1589-2015, JUNÍN
Lima, ocho de junio de dos mil diecisiete.-
VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el encausado GILTER CASTILLO RODRÍGUEZ contra la sentencia de 24 de enero de 2014, de fojas 2238, expedida por la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced – Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que lo condenó como autor por la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de malversación de fondos, en agravio del Estado representado por la Municipalidad de Puerto Bermúdez, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, bajo reglas de conducta; e Inhabilitación por el término de tres años, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.
De conformidad con el Dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Penal.
Interviene como ponente la señora Jueza Suprema CHÁVEZ MELLA.
[Continúa…]
