La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema una solicitud para que el partido político Fuerza Popular sea declarado ilegal, por supuestamente haber incurrido en «conducta antidemocrática». El pedido se sustenta en el artículo 14 de la Ley 28094 – Ley de Organizaciones Políticas.
La fiscal sustentó que Fuerza Popular desarrollaría actividades contrarias a los principios democráticos. El hecho implicaría una «vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales»:
Por desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneracion sistematica de las libertades y derechos fundamentales: /) promoviendo atentados contra la integridad de magistrados, funclonarios públicos, opositores politicos, periodistas y medios de prensa independientes, socledad civil organizada, y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición politica, profesión y/u opinión.
Asimismo, se argumentó que el partido incurrió en prácticas internas que atentan contra la libertad de conciencia, al «promover la exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política». El escrito también indica que la agrupación habría «exculpado atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno (1990-2000), y legitimado la violencia como método para la consecución de objetivos políticos».
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En su petitorio, Espinoza solicitó que, en mérito a la «conducta antidemocrática», se ordene la cancelación de la inscripción de la organización política Fuerza Popular del Registro de Organizaciones Políticas y en cualquier otro registro.
El pedido fue formalizado ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. La demanda quedó registrada para su trámite correspondiente.
Al respecto, Keiko Fujimori señaló que con este pedido Espinoza «sigue dañando a su institución con cortinas de humo». «Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una Fiscal politizada», escribió en cuenta de X.
En conferencia de prensa, la bancada de Fuerza Popular rechazó la solicitud presentada por la fiscal. El congresista Fernando Rospigliosi calificó el pedido como «una absurda y descabellada acusación» cuyo objetivo sería eliminar de la vida política a su agrupación. Señaló que la razón es «muy clara», pues, de acuerdo con sus declraciones, este partido es el que «con mayor energía defiende a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, lucha contra la delincuencia y el terrorismo».
Rospigliosi sostuvo que Espinoza «ha demostrado claramente una política prodelincuencia y proterrorista». Además, calificó a la Fiscal de la Nación como «desquiciada»:
Estamos ante un nuevo atropello de la fiscal Delia Espinoza. Nos ataca porque Fuerza Popular es el partido que con más decisión defiende a las Fuerzas Armadas. Lo he dicho en otras oportunidades, esta denuncia confirma que esta señora está desquiciada y debe ser apartada de un cargo tan importante.
Por su parte, la congresista Patricia Juárez rechazó los argumentos de la Fiscalía y sostuvo que promueven atentados contra magistrados. Asimismo, hizo un llamado a las demás fuerzas políticas, advirtiendo que «lo que se pretende acá es un atentado contra un partido democrático».
Finalmente, aseguró que enfrentarán esta acusación «con la firmeza que requiere», porque si hoy se trata de Fuerza Popular, «mañana puede ser cualquier partido político del país».
