La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, criticó la «Ley de Amnistía» promulgada por la presidenta Dina Boluarte a favor de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
La alta funcionaria calificó la norma como «absolutamente inconstitucional» y advirtió que vulnera obligaciones internacionales del Perú. En entrevista con CNN en Español, Espinoza reiteró su rechazo a la norma tras su publicación:
La señora presidenta desde ya ha aprobado una ley absolutamente inconstitucional y el Congreso también tiene responsabilidad allí, pero en su momento, las responsabilidades se van a ir dando de todas maneras.
La titular del Ministerio Público sostuvo que la aprobación «ha sido un insulto a las víctimas de violación de derechos humanos» cometidas durante el conflicto armado interno. Agregó que la ley «está listeando a procesados, a condenados, es decir, a todos» y que ello va contra las convenciones internacionales a las que el Perú está sometido.
Espinoza recordó que el país está sujeto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reconocido en la Constitución. Reiteró que el respeto a la vida y a la integridad son principios que no pueden ser relativizados, incluso en contextos de lucha contra el terrorismo. En la misma entrevista, la fiscal indicó que no teme represalias políticas, aunque reconoció que es «incómoda» para algunos sectores:
No puedo mirar a un costado, retrasar las investigaciones o archivar cuando veo que sí hay un presunto delito y hay pruebas.
Asimismo, cuestionó que el Parlamento agilice denuncias «totalmente infundadas» contra fiscales y jueces, mientras mantiene sin trámite acusaciones contra ministros y congresistas. «Hay una disparidad en el tratamiento, no se tramitan o no se analizan de manera cronológica ordenada», señaló.
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Sobre las muertes en protestas contra el gobierno, Espinoza dijo que asumió el cargo en noviembre de 2024 y encontró retrasos en las investigaciones. Informó que tres denuncias constitucionales contra la presidenta fueron archivadas por el Congreso, pero advirtió que «se van a reactivar cuando la señora presidenta deje de ser presidenta».
La fiscal concluyó que, pese a limitaciones presupuestales, se han impulsado casos con apoyo de organismos internacionales y embajadas. «Estamos llegando ya a fase de acusación en varios casos», afirmó.