La Corte Suprema de Justicia de la República emitió un pronunciamiento en el que advierte sobre la grave crisis institucional y de seguridad ciudadana que atraviesa el país, tras el asesinato de dos jueces de paz en el ejercicio de sus funciones. El máximo órgano judicial reafirmó el rol del Poder Judicial como pilar del orden constitucional y llamó a las autoridades y ciudadanos a actuar con prudencia, respeto a la ley y compromiso con la justicia social.
Asimismo, la Corte defendió el derecho a la protesta pacífica, exhortando tanto a los manifestantes a ejercerlo sin violencia como a las autoridades a garantizarlo dentro del marco legal. Finalmente, invocó a mantener una vocación de diálogo y respeto mutuo, rechazando toda forma de autoritarismo y reafirmando su compromiso con los valores democráticos y el bien común.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, en sesión extraordinaria de la fecha, acordó emitir el siguiente pronunciamiento.
§ 1. Nuestro país atraviesa una grave crisis institucional y un serio problema de orden público y seguridad ciudadana. El alarmante índice de homicidios también ha enlutado a nuestra institución ante el asesinato de dos jueces de paz en sus despachos judiciales. Estas dramáticas circunstancias no pueden ser ajenas al Poder Judicial y al conjunto de los poderes públicos. La potestad jurisdiccional es, en estas condiciones y siempre, pieza clave de un orden constitucional y republicano que expresa los valores superiores de justicia, seguridad jurídica, igualdad y desarrollo social pleno para el conjunto de los ciudadanos. Los jueces debemos tener presente el rol que desempeñamos y asumir, en todo momento, que la independencia que constitucionalmente se nos reconoce sirve para garantizar el respeto a la ley y tutelar los derechos de las personas. Ante los retos que la situación demanda, el conjunto de la comunidad nacional debe reaccionar desplegando los mejores esfuerzos en pro de la paz, de la libertad y de la justicia social, así como actuar con la mayor ponderación y espíritu de compromiso con los principios, valores y directivas que traza nuestra Constitución.
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§ 2. Está en riesgo la base fundamental de todo Estado constitucional si es que no sabemos o podemos dar los pasos necesarios para superar la crisis que nos lacera y alarma. No debemos renunciar a principios pétreos de una democracia, tales como la separación y colaboración entre los poderes públicos, el respeto de la legalidad y el pluralismo político y social. La tutela de la seguridad ciudadana demanda no solo un fuerte compromiso del Estado con la sociedad y sus actores, sino también, por parte de la autoridad, el respeto a los derechos de los ciudadanos, en especial a la protesta y a las libertades de reunión y de expresión.
La protesta, en cuanto derecho fundamental, debe ejercerse dentro del respeto a los otros derechos fundamentales (vida, integridad corporal, dignidad y propiedad pública y privada) y su ejercicio, amén de ser pacífico por parte de quienes la ejercen, debe ser respetado por las autoridades, llamadas a actuar con prudencia y proporcionalidad, evitando en todo momento atentados contra los derechos de los manifestantes pacíficos y conteniendo con eficacia a los que, al margen de este derecho, vulneran las reglas de una protesta sin violencia y respetuosa de los demás.
§ 3. La vocación de diálogo de nuestras autoridades nunca debe perderse de vista, al igual que una posición alturada y respetuosa, sin mengua de sus planteamientos, por parte de los ciudadanos que protestan y de toda la ciudadanía en general. En democracia siempre es posible lograr consensualmente objetivos de libertad, justicia y desarrollo social, y que no podemos aceptar propuestas o asumir actitudes que nos encaminen al autoritarismo u otros sistemas políticos contrarios a las exigencias del bien común en libertad.
Lima, 14 de octubre de 2025
