La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la tramitación de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), al identificar que 71 servidores gestionaron más de 700 documentos sin que los beneficiarios acreditaran el pago correspondiente o sin cumplir los requisitos para acceder a la gratuidad del trámite. Los hechos fueron advertidos durante una auditoría de cumplimiento que evaluó actuaciones realizadas entre los años 2023 y 2024.
Según el Informe de Control 001-2026-2-0646-AC, personal de la Dirección de Servicios Registrales registró en el Sistema Integrado Operativo (SIO) al menos 436 procedimientos de emisión de DNI sin verificar el pago del derecho administrativo previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), requisito indispensable para la atención del trámite.
Para concretar estos registros, los servidores consignaban en el sistema la opción denominada «pérdida» dentro del campo correspondiente al pago, simulando la inexistencia de la constancia. Con ello, el sistema autocompletaba el número de recibo con ceros, lo que permitía continuar con el procedimiento sin vincular un comprobante válido y sin que el sistema exigiera la acreditación del abono.
La modalidad fue utilizada para tramitar documentos en favor de los propios trabajadores, de sus compañeros o de terceros. La mayor cantidad de casos se registró en la Oficina Descentralizada de San Pablo, en Loreto, y en la Oficina Registral de Lurín, en Lima. En esta última sede se advirtió, por ejemplo, que tres servidores emplearon sus accesos al sistema para procesar en menos de cinco meses cuatro trámites de DNI para un mismo trabajador, sin que se verificara el pago correspondiente.
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Los registros efectuados en el SIO fueron posteriormente revisados y aprobados por la Subdirección de Procesamiento de Identificación, sin advertirse la ausencia de pago de tasas administrativas que pueden alcanzar hasta S/41, según el tipo de trámite. Asimismo, pese a que en abril de 2024 el Reniec dispuso la prohibición de utilizar la opción «pérdida» para continuar procedimientos, y reiteró la medida en junio del mismo año, se detectaron 97 trámites efectuados con posterioridad a dichas comunicaciones.
La auditoría también evidenció que, durante el periodo evaluado, se procesaron 1816 solicitudes de DNI consignando la opción «pérdida» sin que los recibos de pago fueran marcados como utilizados en el sistema, lo que genera el riesgo de reutilización de comprobantes o de solicitudes de devolución de tasas pese a haberse ejecutado el trámite.
De otro lado, el informe advierte 266 casos de uso indebido o sin sustento del beneficio de gratuidad destinado a sectores vulnerables. En estos supuestos, servidores registraron trámites para sí mismos, para otros trabajadores o para terceros sin acreditar las condiciones exigidas en la normativa interna, como discapacidad, afectación por desastres, edad avanzada o situación de pobreza. La Contraloría determinó presunta responsabilidad penal en tres trabajadores —dos de los cuales ya no laboran en la entidad— y responsabilidad administrativa en otros 69 servidores.
