Sumario: 1. Introducción, 2. El consumo y su impacto en la economía peruana, 3. Derechos del consumidor, 4. La tensión entre consumo y protección de derechos, 5. Desafíos y propuestas de mejora en la protección del consumidor, 5.1. Desafíos en la protección del consumidor, 5.2. Propuestas de mejora en la protección del consumidor, 6. Conclusión.
1. Introducción
Comprar y consumir. Las festividades no solo traen alegría, sino también gastos excesivos que afectan la economía familiar. En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿estamos conscientes de nuestros derechos como consumidores frente al mercado?
La época de alta demanda, ya sea navidad, año nuevo o cualquier festividad del calendario, pone a prueba tanto los hogares como el sistema jurídico encargado de protegerlos.
En este artículo, exploraremos cómo el derecho regula las dinámicas del consumo y qué herramientas existen para garantizar una relación equilibrada entre los consumidores y sin presiones ni restricciones indebidas, entre una variedad de productos y servicios ofrecidos en el mercado.
2. El consumo y su impacto en la economía peruana
El consumo desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de un país, actuando como motor del crecimiento del mercado interno y la generación de empleo, si enfatizamos el consumo privado es un componente esencial de la demanda interna, que representa una porción sustancial del Producto Bruto Interno (PBI).
El economista José De Gregorio Rebeco, reconocido por sus aportes en políticas monetarias y macroeconomía, estipula la siguiente definición de consumo:
Es el gasto final de los hogares e instituciones sin fines de lucro. Este consumo puede ser de bienes durables, como autos, refrigeradores y otros, bienes de consumo no durable, o servicios, que puede ser un corte de pelo, educación, llamadas por teléfono, etc. El consumo representa aproximadamente 2/3 del gasto total de la economía.[1]
Entonces es esencial para el desarrollo de cualquier país, durante temporadas de alta demanda, como diciembre y enero, el consumo de bienes no durables (alimentos, juguetes, vestimenta, etc.) y servicios alcanza picos que dinamizan la economía, pero también exponen a los consumidores a prácticas abusivas.
En Perú el consumo de bienes no durables, surge como una respuesta a la asimetría informativa existente en las relaciones de consumo, donde los proveedores suelen contar con más y mejor información que los consumidores. Sin embargo, en años recientes, el crecimiento económico ha mostrado signos de desaceleración.
El Banco Mundial (2024), en su informe Panorama general del Perú, señala lo siguiente:
En el 2024, la economía peruana se está recuperando de la contracción del año previo, que respondió a choques climatológicos adversos, protestas sociales y una disminución en la confianza empresarial. Se espera que la economía se expanda en 3.1% durante 2024. La recuperación se explica por la una mejora en la confianza, precios de las exportaciones mineras más favorables, un impulso fiscal asociado al crecimiento de la inversión pública, y un relajamiento de las condiciones monetarias por parte del Banco Central, luego de que la inflación volviera al rango meta.[2]
Por lo tanto, se proyecta un crecimiento económico para ese año, impulsado por un aumento en la confianza del mercado, mejores precios para las exportaciones mineras, un estímulo fiscal vinculado al incremento de la inversión pública y una política monetaria más flexible del Banco Central, tras el retorno de la inflación a su rango objetivo.
Esta protección comenzó en el año de 1991, en el Perú, bajo promulgación de la ley de protección al consumidor, que marcó un hito al establecer los principios básicos para resguardar los derechos de los consumidores. Asimismo, se creó la comisión de protección al consumidor dentro del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) organismo encargado de velar por la implementación y cumplimiento de las normativas relacionadas con esta materia.
Desde entonces, el marco legal ha evolucionado significativamente, incluyendo leyes y normativas que abarcan diversos aspectos de las relaciones de consumo. También se han implementado mecanismos para la resolución de conflictos, como el procedimiento de conciliación y arbitraje, que permiten a los consumidores hacer valer sus derechos de manera eficiente y económica.
3. Derechos del consumidor
El Código de protección y defensa del consumidor (Ley n.º 29571) es la norma principal que rige en el país. Este establece derechos fundamentales, como el derecho a la información, a la seguridad, y a la protección frente a prácticas comerciales abusivas. Además, reconoce la importancia de la protección sin caer en un paternalismo excesivo, promoviendo un consumidor informado, diligente y razonable.
El derecho empresarial contemporáneo considera al consumidor como uno de los actores clave en el ecosistema económico, junto con inversionistas, trabajadores, acreedores y el Estado.
En el título I, derechos de los consumidores y relación consumidor – proveedor, capítulo I, derecho de los consumidores, artículo 1, inciso f, se establece lo siguiente: «Derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad, conforme a la normativa pertinente, que se ofrezcan en el mercado y a ser informados por el proveedor sobre los que cuenta».[3] Por consiguiente, resulta pertinente interpretarlo de la siguiente manera:
Este derecho es clave para empoderar a los consumidores en el mercado, otorgándoles la posibilidad de tomar decisiones informadas que respondan a sus necesidades y expectativas. Además, establece una obligación directa para los proveedores, quienes deben actuar con responsabilidad al garantizar la calidad de los bienes y servicios que ofrecen, así como la transparencia en la información que proporcionan. Este principio no solo beneficia a los consumidores, sino que también promueve la equidad y la competitividad en las relaciones comerciales.
4. La tensión entre consumo y protección de derechos
El aumento en las prácticas de consumo, especialmente durante épocas de alto gasto como las festividades de navidad y año nuevo, pone a prueba la efectividad de las normativas que protegen los derechos de los consumidores, generando una tensión constante entre la promoción del consumo como motor económico y la necesidad de garantizar que los consumidores puedan ejercer sus derechos de manera plena y segura.
Por un lado, los proveedores buscan maximizar sus beneficios a través de campañas publicitarias agresivas, promociones aparentemente irresistibles y la oferta de productos innovadores. Sin embargo, estas estrategias comerciales a veces derivan en prácticas cuestionables, como la publicidad engañosa, la manipulación de precios o la omisión de información relevante sobre los productos o servicios. Estas acciones pueden vulnerar derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1 del Código de protección y defensa del consumidor (Ley n.º 29571), como el derecho a recibir información adecuada y veraz o el derecho a una protección eficaz frente a prácticas abusivas.
Por otro lado, los consumidores, incentivados por estas estrategias, suelen caer en un consumo impulsivo o excesivo, lo que no solo puede afectar su economía personal, sino también poner en riesgo su capacidad para tomar decisiones conscientes e informadas.
Este fenómeno refleja una clara asimetría informativa entre consumidores y proveedores, donde el primero suele carecer de los conocimientos o herramientas necesarias para identificar posibles abusos o riesgos asociados a los productos y servicios que adquiere.
La ley, por su parte, busca equilibrar esta relación a través de medidas de protección que promuevan un mercado transparente y justo. No obstante, este objetivo enfrenta desafíos importantes, como:
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- La falta de conocimiento de los consumidores sobre sus derechos, lo que limita su capacidad de exigirlos.
- La insuficiente fiscalización de las autoridades ante el incumplimiento de las normativas por parte de los proveedores.
- Las nuevas dinámicas del comercio digital, donde las relaciones de consumo se desarrollan en un entorno virtual que a menudo escapa a la regulación tradicional.
En este contexto, el estado peruano, a través del Indecopi, desempeña un rol crucial como garante de los derechos del consumidor. Sin embargo, la efectividad de esta intervención depende de la capacidad de implementar mecanismos ágiles de supervisión y resolución de conflictos que puedan contrarrestar las prácticas abusivas sin desincentivar la actividad económica.
La tensión entre consumo y protección de derechos no debe entenderse como un conflicto insuperable, sino como un espacio donde es posible construir un equilibrio. Un consumo responsable, respaldado por un marco legal sólido y aplicado de manera efectiva, permite no solo proteger a los consumidores, sino también fomentar un mercado más competitivo y ético.
La clave y herramientas está en reforzar la educación del consumidor, incrementar la transparencia en las relaciones comerciales y adaptar la legislación a las nuevas realidades del mercado.
5. Desafíos y propuestas de mejora en la protección del consumidor
En el contexto de las relaciones de consumo, el enfoque no solo se limita a proteger al consumidor final, sino también a promover la competencia leal entre las empresas. El consumismo excesivo no solo afecta los bolsillos, sino que también tiene repercusiones jurídicas y sociales. El endeudamiento de las familias, los conflictos legales por incumplimientos contractuales y el impacto ambiental generado por el consumo desmedido son temas que el Derecho busca abordar mediante normativas cada vez más integrales.
La protección al consumidor enfrenta diversos desafíos en el contexto actual, muchos de los cuales surgen por la evolución constante de los mercados, la globalización y el avance de la tecnología.
A continuación, se describen algunos de los principales desafíos y propuestas de mejora que podrían fortalecer este campo:
5.1. Desafíos en la protección del consumidor
El aumento del comercio electrónico ha generado problemas relacionados con la falta de claridad en los términos y condiciones, el incumplimiento de garantías, productos defectuosos, entregas tardías y fraudes cibernéticos. Los consumidores también enfrentan dificultades para reclamar o resolver disputas con proveedores internacionales y las empresas recopilan grandes cantidades de datos de los consumidores, lo que aumenta el riesgo de uso indebido, robo de identidad y vulneración de la privacidad.
En sectores como salud, telecomunicaciones, educación y servicios financieros, los consumidores suelen enfrentar barreras para obtener servicios de calidad, contratos claros y atención oportuna a sus reclamos. La falta de recursos y personal en organismos como Indecopi dificulta una supervisión eficiente, especialmente en regiones alejadas o zonas rurales.
5.2. Propuestas de mejora en la protección del consumidor
Actualizar y armonizar la normativa existente para abordar problemas emergentes, como los asociados al comercio digital y la inteligencia artificial y aumentar las sanciones contra prácticas abusivas para desincentivar conductas desleales en el mercado.
Desarrollar campañas masivas de educación en temas como derechos del consumidor, consumo responsable y procedimientos de reclamo, para garantizar una presencia efectiva en regiones rurales y zonas vulnerables.
Fomentar un mercado competitivo que garantice la calidad de bienes y servicios, eliminando monopolios y prácticas anticompetitivas que afectan a los consumidores.
6. Conclusión
El Derecho desempeña un papel esencial en la protección de los consumidores, asegurando la creación de un mercado justo y ético. En este contexto, la vigilancia, la educación y la regulación continua se presentan como los pilares para garantizar el respeto de los derechos del consumidor en todo momento. El verdadero desafío radica en encontrar un equilibrio adecuado entre fomentar el consumo como motor económico y proteger los derechos fundamentales de los consumidores, especialmente en un entorno de mercados globalizados y cada vez más digitales.
Es urgente una adaptación de la legislación a las nuevas realidades del mercado, impulsando reformas que aborden los retos del comercio electrónico, el uso de datos personales y las prácticas abusivas que aún persisten. Solo a través de un enfoque integral que combine prevención, sanción efectiva y educación, será posible construir un mercado más transparente y equitativo.
Un mercado donde los consumidores puedan ejercer plenamente sus derechos, tomar decisiones informadas y responsables, y contribuir a un entorno económico sostenible que beneficie a todos.
[1] Gregorio, José De. Macroeconomía. Teoría y políticas. Madrid: Pearson. 2007, p. 17.
[2] Banco Mundial. Panorama general del Perú. Washington D.C: Perú, 2024. En Grupo Banco Mundial: https://bit.ly/4gvIKO9 .Consulta: 10 de diciembre del 2024.
[3] Código de Protección y Defensa del Consumidor. Perú.
