La Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 05525/2022-CR, 05838/2023-CR, 05969/2023-CR, entre otros, que propone incorporar en el Código Penal, Decreto Legislativo 635, los delitos de terrorismo urbano.
El grupo de trabajo, presidido por el congresista Américo Gonza (Perú Libre), dio luz verde a esta iniciativa con 14 votos a favor y 4 abstenciones.
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La iniciativa propone incorporar el Capítulo II, Terrorismo Urbano, en el Título XIV del Libro Segundo del Código Penal, Decreto Legislativo 635, que comprende los artículos 318-A y 318-B.
El Parlamento detalla lo siguiente:
El que provoque o realice actos típicos que deben concurrir en dos o más delitos previstos en los artículos 108, 108-C, 108-D, 121, 129-A, 129-B, entre otros, así como en los delitos agravados de la Ley de Delitos Informáticos; generando estado de zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor a 23 ni mayor a 30 años con 365 días multa.
Además, se determinan los actos agravados de terrorismo urbano y la pena que corresponde por cometer dicho delito.
Sobre lo último, se informa que será no menor de 30 años si el agente emplea armamentos, materias o artefactos explosivos, así como armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú:
Si el agente comete terrorismo urbano desde el interior de un establecimiento penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad, si utiliza a menores de edad u otros inimputables para su comisión, actúa con gran crueldad (…) o si la víctima es un funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú o miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público o miembro del Tribunal Constitucional o cualquier autoridad elegida por mandato popular.
En este sentido, la pena también se otorgará en caso el delito se cometa por dos o más ciudadanos, e incluso si se atenta contra torres de energía o transmisión, o afecta algún servicio público de agua o energía eléctrica.
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