El pasado 3 de junio culminó oficialmente el mandato de seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional: Ernesto Blume Fortini (actual presidente de la institución), Manuel Miranda Canales (vicepresidente), Carlos Ramos Núñez (director del Centro de Estudios Constitucionales), José Luis Sardón de Taboada, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera.
Como se sabe, el magistrado Augusto Ferrero Costa, que juró el cargo en setiembre de 2017, debe continuar en la institución hasta el año 2022.
Así las cosas, hasta el momento, el Congreso no ha seleccionado a los candidatos y se encuentra entrampado en la conformación de la comisión especial encargada de la selección de candidatos.
Esa comisión está conformada por los portavoces de las bancadas. Sin embargo, en la Junta de Portavoces del pasado 29 de abril se polemizó sobre la inclusión de tres nuevos miembros de las nuevas bancadas creadas en este año.
El entrampamiento pasa porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el Congreso designe una comisión integrada por siete o nueve congresistas, y actualmente los voceros superan ese número, pues el Congreso tiene ya diez bancadas.
Frente a este escenario, la Junta del 29 de abril planteó solucionar el tema con un proyecto de ley que modifique la Ley Orgánica del TC. La fórmula escogida plantea que en la conformación se apliquen “los principios de proporcionalidad y pluralidad”, de manera que Fuerza Popular asegure tener más de un miembro en la comisión seleccionadora.
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Los voceros de ocho bancadas (con excepción de APP y Apra) firmaron la iniciativa y acordaron exonerarla del trámite en la Comisión de Constitución. Con ello, el proyecto ingresó al debate en el pleno del 2 de mayo pasado, pero no fue aprobado.
Sobre el referido proyecto de ley, la parlamentaria Marisa Glave (Nuevo Perú) presentó una cuestión previa para que la iniciativa regrese a la comisión de Constitución, grupo dirigido por Rosa Bartra (Fuerza Popular).
El debate en la mencionada comisión tampoco prosperó por las objeciones del legislador aprista Javier Velásquez Quesquén, quien anunció que su bancada votaría a favor de la modificación. «Al día siguiente tendrían que irse, porque es responsabilidad de este Parlamento elegir en el plazo constitucional a los miembros del TC que van a ser reemplazados», señaló en su alocución.
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Bajo el razonamiento del parlamentario, los magistrados ya debieron haber dejado sus plazas y no optar por extender sus mandatos hasta que el Parlamento logre el consenso.
En aquella sesión legislativa, los únicos que se opusieron a que el proyecto regrese a Constitución fueron los miembros de Peruanos por el Kambio y la no agrupada Patricia Donayre.
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En el TC no hay miembros accesitarios ni suplentes, de manera que si el Congreso tarda tres meses o más en elegir a los nuevos magistrados, el Perú se quedaría con un TC con poca legitimidad, aun cuando los actuales miembros son grandes profesionales. Además, pese a que los expedientes en el TC se ha reducido en los últimos años, la carga procesal aún supera los 7000 casos.
Hay que tener en cuenta que Ley Orgánica del TC estipula que los magistrados continuarán en funciones hasta que tome posesión el reemplazo elegido por el Congreso. “Ese mecanismo no es para entornillar al magistrado, sino que representa un sistema de protección del control de constitucionalidad”, opinó Óscar Urviola, exmagistrado del TC, quien sabe de lo que habla porque tuvo que quedarse en el TC más allá de su mandato.
Urviola también precisó que el Congreso debió iniciar el proceso de selección unos seis meses antes de cumplirse el tiempo de los magistrados en función.
Es por eso que en noviembre del 2018, el actual presidente del TC, Ernesto Blume, solicitó al Congreso de la República, iniciar un proceso de selección. Sin embargo, desde esa fecha hasta ahora, la comisión legislativa solo acordó que la elección sería por invitación directa, descartando el concurso público.
Las elecciones por invitación también generan numerosas críticas, siendo la mayor de estas la de la “repartija”. Y justamente la conformación actual del TC fue producto de una protesta ciudadana contra el intento del Congreso de aquella época de colocar a personas sin credenciales académicas sólidas y solo por sus afinidades políticas.
Antecedentes
El problema de siempre. El Tribunal Constitucional fue fundado en 1996 para suplir al Tribunal de Garantías Constitucionales. Desde la fecha nunca el Congreso pudo designar a tiempo a los reemplazos de los magistrados.
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Sobre esto, el caso del expresidente del TC, Juan Vergara Gotelli, es el que mejor grafica esta problemática situación, ya que el magistrado estuvo durante casi cinco años siendo parte del TC de manera extemporánea, de 2009 al 2014.
El Congreso tardó todo ese tiempo en lograr consenso para designar a su sucesor. En aquel tiempo, incluso, dos magistrados se cansaron de esperar la designación de sus reemplazos y renunciaron al cargo para forzar al Congreso a designar a sus sucesores: Delia Revoredo en el 2005 y Ricardo Beaumont en el 2013.
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Solo en dos ocasiones el Congreso designó reemplazos a tiempo. Fue cuando los magistrados Manuel Aguirre y Guillermo Rey cesaron en sus cargos por fallecimiento en el 2004.
