Congresistas presentaron la Moción de Orden del Día 5683, moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda.
Los congresistas de la República que suscriben, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política y los artículos 68, literal b) y 83 del Reglamento del Congreso, proponemos a la representación nacional la siguiente Moción de Orden del Día.
MOCIÓN DE INTERPELACIÓN CONTRA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA.
Moción de Orden del Día N° 5683
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nro. 377-2022-PCM, del 21 de diciembre de 2022, se nombra como Presidente del Consejo de Ministros, a ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA;
Que, el artículo 131 de la Constitución Política, regula la moción de Interpelación, estableciendo que, es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros, cuando el Congreso los llama para interpelarlos; también señala que ésta debe ser presentada por no menos de quince por ciento del número legal de congresistas; que para su admisión, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles en el Congreso; que la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión, y que ésta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión, ni después del décimo;
Que, el artículo 38 de la Constitución Política precisa que, todos ios peruanos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación. Asimismo, según el artículo 128 “Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan”.
Que, es una de las funciones del Presidente del Consejo de Ministros, “ser, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno” (Constitución Artículo 123), igualmente, “coordinar las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás Poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil” (LOPE, art 17).
Asimismo, es otra de sus funciones, “Apoyar al Presidente de la República en la gestión de la política general del Gobierno”, “Desarrollar y dirigirlas relaciones entre el Poder Ejecutivo y los demás Poderes del Estado, los organismos constitucionales, los otros niveles de Gobierno y la sociedad civil” (LOPE, art 19).
Que, desde el 7 de diciembre del 2022, a consecuencia de la asunción de Dina Ercilia Boluarte Zegarra a la presidencia de la República, se reportaron actos de protesta en diversas ciudades del país, actos que han sido reprimidos de manera violenta por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
Que, hasta la fecha de presentación de la presente moción han fallecido por acción directa de los agentes del orden 48 peruanos y peruanas; y centenas de compatriotas han resultado con lesiones a su integridad física; decenas de ellos, de gravedad.
Que, el Primer Ministro, ha sido promotor del Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, que declara en estado de emergencia todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, que restringe el ejercicio de diversos derechos constitucionales y dispone la intervención de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno.
Que, el señor Alberto Otárola, desde que asumió la Presidencia del Consejo de Ministros, ha realizado afirmaciones públicas que buscan estigmatizar a la población movilizada y justificar la criminal represión policial y militar; las cuales han provocado la agudización del conflicto que vive el país.
Que, respecto de lo que viene ocurriendo en el Perú, diversas organizaciones han emitido pronunciamientos sobre la crisis política y social que acontece en el país, alertados por el uso desproporcionado de las fuerzas del orden en contra de los manifestantes:
– Organización de Estado Americanos
– Corte Interamericana de Derechos Humanos
– Unión Europea – Asuntos Exteriores
– Nuncio Apostólico
– Asociación de Gobiernos Regiones
– Defensoría del Pueblo
– Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
Que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de realizar una visita al Perú, entre los días 11 al 13 de enero de 2023, condenó todo acto de violencia y expresó su preocupación por los focos de violencia que pretendían desvirtuar la naturaleza de las protestas pacíficas. En razón de ello, recordó al Estado peruano que frente a los actos de protesta debía actuar en el marco de los principios de legalidad y de proporcionalidad.
Que, en el mismo sentido, a fines del mes de enero del presente año, la Organización de Estados Americanos, expresó su preocupación por las denuncias sobre el “uso excesivo de la fuerza y la violación de los espacios académicos”, a propósito del violento ingreso, por parte de las fuerzas policiales en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y exhortó al Estado peruano a implementar medidas efectivas para la rendición de cuentas sobre todos los actos de violencia y destrucción ocurridos durante las protestas.
Que, la Defensoría del Pueblo, en la misma línea, ha señalado que 7a forma moralmente más repulsiva de actuar es dejar morir a la gente cuando se tiene en las manos la facultad política de pacificar y cambiar el rumbo trágico de estos días. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden hacerlo. Cada día que pasa, la vida de alguien está en peligro, y la democracia -ese gran anhelo republicano- se va deshaciendo ante nuestros ojos”.
Que, los hechos descritos, demuestran que el país transita a niveles de mayor confrontación y que la política de represión en contra de la población movilizada impulsada por el Primer Ministro y la nula voluntad política de diálogo por parte del gobierno, hacen insostenible la permanencia de la señora Boluarte en la Presidencia de la República y del señor Otárola en el Premiarato.
Por las consideraciones señaladas:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ACUERDA:
PRIMERO.- INTERPELAR al Presidente del Consejo de Ministros Sr. Alberto Otárola Peñaranda, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que responda respecto de las acciones de gobierno que han llevado a que el Perú sea calificado como un país no democrático, conforme al pliego interpelatorio adjunto.
Lima, 15 de febrero de 2023
[Continúa…]
