La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, recibió este 20 de noviembre un oficio en el que se le informaba que cinco congresistas, que habían renunciado a las filas Unión por el Perú (UPP) y Acción Popular, ahora conformaban el Grupo Parlamentario “Nueva Constitución”.
Con María Bartolo Romero como portavoz titular, los agrupados señalan que se unen conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento del Congreso, sin precisar una agenda de trabajo más allá de lo que propone directamente su nombre. Hay que recordar que uno de sus integrantes, Hipólito Chaiña, ya ha presentado anteriormente un proyecto para realizar un referéndum para convocar una Asamblea Constituyente.
¿Quiénes son los legisladores que se han unido en esta nueva bancada? Veamos uno por uno los perfiles de sus integrantes, que destacan por declaraciones y proyectos de ley bastante polémicos.
María Bartolo Romero
La congresista ancashina de Unión por el Perú es ingeniera civil titulada en la Universidad Católica de Chimbote, donde también estudió Contabilidad, carrera que no concluyó. Su experiencia laboral previa a su rol como congresista está ligada a la gestión municipal, al haber sido responsable del área técnica en la Municipalidad Provincial de Huari y encargada de plataforma del Seace en el municipio distrital de Anra.
Además de haber presentado alrededor de noventa proyectos de ley, Bartolo se hizo viral en redes al describir como “Shakiros” a sus compañeros del Congreso durante el debate de la moción de vacancia presidencial.
Hipólito Chaiña
El congresista puneño y elegido en representación de Arequipa, también del UPP, es un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y que afirma tener más de 20 años ejerciendo la profesión. A la par, fue presidente del Movimiento Arequipa Mía, con el que intentó ser gobernador regional de Arequipa y antes de eso ya había aspirado a ser alcalde de Paucarpata.
Al comienzo del confinamiento destinado a contener el brote del COVID-19, Chaiña fue investigado por no acatar el aislamiento social obligatorio, aunque el proceso finalmente fue archivado por la Comisión de Ética del Congreso.
Jim Mamani
Mamani renunció a UPP porque “el viraje ideológico de algunos de sus miembros ya no concuerda con los principios del Frente Patriótico cuyo pilar es el etnocacerismo”, aunque el propio partido ya había iniciado un procedimiento para expulsarlo por haber suscrito la moción de censura contra el entonces presidente Vizcarra a título personal y sin acordarlo con la bancada.
Antes de su experiencia como congresista, Mamani se tituló como abogado en la Universidad San Martin de Porres, carrera que ejerció durante dos años en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Rubén Ramos Zapana
Elegido por la región Puno, el sanmarquino egresado en la carrera de Farmacia y Bioquímica es conocido por el proyecto de ley para promulgar como interés nacional y necesidad pública que el Estado se retire del Pacto de San José, conocido oficialmente como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH).
Además, fue uno de los promotores de las “verdades del dióxido de cloro” en el Congreso, organizando diferentes foros transmitidos en las cuentas oficiales de la institución. Ojo Público reveló que sus investigaciones sobre el tema están siendo observadas por el Colegio Médico del Perú, por impulsar al consumo de esta sustancia.
Orlando Arapa
El único de la novísima lista que pertenece a Acción Popular es Arapa, quien generó diferentes conflictos dentro del partido. Julio Zevallos, otro integrante, lo definió como «uno de los casos en los que alguien busca un vientre de alquiler para ser electo, sin identificarse con los ideales del partido». Esto, como consecuencia del apoyo que dio a la vacancia presidencial.
Durante la pandemia, fue popular en las redes sociales luego de que afirmara que el COVID-19 se esparcía en avionetas sobre la región Puno, que lo eligió como congresista. El grupo parlamentario se vio obligado a pronunciarse al respecto de las declaraciones del arquitecto Arapa, invocando a la calma de la población puneña.
Recordemos que hace unos meses, el grupo parlamentario del Partido Político Unión por el Perú, a iniciativa de los congresistas, Ruben Ramos Zapana, Javier Mendoza Marquina, Jim Ali Mamani Barriga, Maria Isabel Bartolo Romero y Edgar Alarcon Tejada, presentaron el Proyecto de ley 5393/2020-CR, que plantea autorizar la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
En la exposición de motivos, los legisladores explicaban por qué sería necesario que la Asamblea Constituyente apruebe una nueva Constitución. Esta nueva Carta Magna tendría una visión etnonacionalista del Perú.
La nueva Constitución debía revisar, según los proponentes, toda la estructura actual, desde los símbolos patrios hasta la historia crítica. También debe reivindicar:
1. El espacio aéreo: «colonizado» con la desaparición de una línea aérea de bandera y líneas comerciales de nacionales y otorgada a extranjeros mediante acuerdos de «Cielos abiertos», así como por la monopolización de las ondas electromagnéticas por grupos de concentración de medios.
2. El suelo (agro): en bancarrota por tanta «libre importación»; lo cual se sigue agravando con la implementación de los TLC y la restauración del latifundio.
3. El subsuelo (minería): nuestras riquezas minerales se encuentran concesionadas al poder de transnacionales expertas en un «libre saqueo» con los contratos de estabilidad jurídica.
En otro acápite señalaban que se debe «liberar a la pachamama que se encuentra secuestrada». Y que la Constitución debe propugnar la preservación de la identidad cultural y la cautela la soberanía económica y territorial.
Respecto a la visión continental, la nueva Carta Magna debería «iniciar por el cambio de concepciones y honras a invasores que se han perennizado a través de su nombre, mal llamando a nuestro continente como América, cuando debe ser conocido como Abya Yala (de mayor ámbito étnico-geográfico que andinoamérica e indoamérica), referido a la territoriedad continental hoy denominada «América»; desde perspectiva etnonacionalista debemos reconocer que pone en el tapete la indispensable reivindicación lingüística; no solamente referida a la toponimia geopolitizada del invasor, sino -principalmente- a su contenido ético y filosófico».
