La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura (Tercer Despacho) logró una condena de cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida por dos años, para Shirley Lombardi por tráfico de influencias agravado.
Se trata una trabajadora del Gobierno Regional (GORE) de Piura que pidió el pago de S/1000 a una ciudadana para que su padre fuera incluido en la lista de beneficiarios del pago de la deuda social.
Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial José Aurelio Jiménez Moscol logró acreditar que dicho monto fue depositado en dos partes. Las pruebas incluyeron declaraciones, vouchers de pago, depósitos bancarios y conversaciones de WhatsApp que acreditaron la responsabilidad de la acusada.
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En los mensajes, la acusada indicó que el dinero sería compartido con otros dos trabajadores, supuestos intermediarios en la gestión ilícita. Sin embargo, al publicarse la lista oficial, el padre de la denunciante solo fue beneficiado con S/4000, una suma menor a la que le correspondía, lo que motivó el reclamo y la posterior denuncia.
La sentencia condenatoria también incluye cuatro años de inhabilitación para ejercer cargo público, el pago de 365 días multa, equivalente a S/3136, en un plazo máximo de 10 días, y una reparación civil de S/2000 a favor del Estado. Durante el tiempo de suspensión de la pena, la hoy sentenciada deberá cumplir reglas de conducta y no reincidir en la comisión de delitos.
Con información del Ministerio Público.
