El día de ayer, 14 de diciembre de 2018, circuló en las páginas institucionales del Ministerio Público, el oficio extendido por la procuradora general de la República Federativa del Brasil, Raquel Dodge, al fiscal de la Nación Pedro G. Chavarry Vallejos, en la cual da una postura institucional acerca de la declaración de apoyo prestada por la Fuerza Tarea de Curitiba al equipo especial de fiscales del Perú. Sobre su contenido y esencia no nos vamos a pronunciar, al importar una comunicación entre los máximos representantes de ambas instituciones. Sin embargo, es nuestro deber aclarar lo siguiente y que adquiere asidero y sustentación en las últimas líneas de dicho oficio.
En las últimas semanas se habría deslizado que el sistema de cooperación judicial internacional entre Perú y Brasil, en el libramiento de las asistencias judiciales internacionales de dichos fiscales, habría estado operando de forma excesivamente burocrática y formalista, lo cual generó una enorme preocupación no solo en nosotros, sino también en la Secretaría de Cooperación Técnica Internacional de la PGR del Brasil, pues con ello se estaba desconociendo los procedimientos establecidos en el tratado de asistencia judicial mutua en materia criminal entre el Perú y Brasil, así como el sistema de cooperación jurídica internacional en dicho país, que involucra primero, al Ministerio de Justicia, autoridad central y a la Secretaría de la Cooperación Técnica Internacional de la PGR brasileña, que finalmente corre traslado al procurador brasileño que ejecuta la diligencia.
Por consiguiente, resulta fundamental la lectura del documento, cuando se da cuenta que 122 pedidos de asistencias judiciales internacionales librados por autoridades peruanas, están siendo procesados correctamente por parte de las autoridades brasileñas competentes. Una aclaración de tal naturaleza no solo resulta importante para preservar el sistema de cooperación judicial internacional del Ministerio Público, sino también para los propios fiscales de todo el Perú que libran pedidos de asistencias judiciales internacionales con las autoridades competentes del Brasil.
Asimismo, esta Unidad de Cooperación Judicial e Internacional de la Fiscalía de la Nación rechaza categóricamente que se pretenda atribuir conducta obstruccionista alguna a la actuación fiscal en el ámbito de la función investigativa. Todo lo contrario, lo que se ha hecho en los últimos tiempos es tramitar de forma oportuna y eficiente los pedidos de asistencias judiciales internacionales, así como respetar escrupulosamente los tratados en las comunicaciones con las autoridades extranjeras. En los próximos días se dará un recuento global del trabajo realizado por esta Unidad en el 2018.
Asumimos, por tanto, el compromiso de seguir actuando conforme a los valores constitucionales que sostienen nuestra institución como la defensa de los intereses de la sociedad, los únicos que pueden orientar nuestra actuación funcional.
Lima, 15 de diciembre del 2018
Unidad de Cooperación Judicial Internacional y
Extradiciones de la Fiscalía de la Nación
