A través de su portal oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación ante un probable debilitamiento del Estado de derecho en Perú.
En este contexto, el órgano de los Estados Americanos ha elevado un llamado para que se respete la independencia del Poder Judicial y de todo sistema que avala a la democracia.
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¿Qué información ha recibido la CIDH?
En los últimos meses, la Comisión se ha enterado de episodios que aparentemente han vulnerado las funciones de los grupos de trabajo en el país. Así lo señaló en su página web:
La CIDH ha recibido información sobre acciones que constituyen intromisión de orden político por parte del Congreso de la República de Perú en contra de órganos del sistema de justicia y otras instituciones democráticas que luchan contra la corrupción, con impacto en el cumplimiento de sus mandatos.
En esta línea, identificó «interferencias» en las tareas de equipos específicos:
- Junta Nacional de Justicia (JNJ)
- Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
- Fiscales a cargo de casos contra la corrupción
Además, enumeró dos iniciativas que habrían atentado contra el orden que exige un régimen democrático: la sustitución de la JNJ por la Escuela Nacional de la Magistratura y la reorganización de la JNJ y el Ministerio Público.
Además, mencionó las denuncias constitucionales que llevaron a la inhabilitación de personas a cargo de casos de corrupción, en los cuales los protagonistas son congresistas o personas con liderazgo político.
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Con carácter de urgencia
El requerimiento por parte de la CIDH lleva un tinte apremiante:
La Comisión urge al Estado a demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Para ello, debe adoptar medidas urgentes para el fortalecimiento del Estado de derecho, que incluyan el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos del poder público, así como las garantías para la independencia de personas operadoras de justicia.
Sumado a lo anterior, el Congreso de la República debe, con urgencia, cesar en el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria, y evitar adoptar reformas que amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales. Ello es esencial para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y confirmar la vigencia del Estado de derecho.
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