La expansión de los centros de datos en el Perú se desarrolla en un escenario sin regulación específica ni lineamientos técnicos definidos por el Estado, según el capítulo peruano del proyecto internacional Dirty Data, elaborado por el Environmental Reporting Collective (ERC) y difundido por el portal periodístico LaEncerrona.pe. El informe advierte que el crecimiento de esta industria ocurre con el impulso de un gremio privado constituido a mediados de 2025, cuya finalidad es promover una agenda común entre el Gobierno y las empresas del sector que operan en el país desde hace varios años.
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El reporte señala que actualmente no existe un registro diferenciado de compañías dedicadas exclusivamente a centros de datos. De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), estas empresas se encuentran agrupadas dentro del rubro general de «procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas», categoría en la que figuran más de 330 compañías y más de 3100 personas naturales inscritas, sin una clasificación que permita identificar con precisión a los operadores de esta infraestructura.
A nivel regional, la oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indicó que la región concentra el 4.8% de la infraestructura mundial de centros de datos. De ese total, apenas el 0.4% corresponde a instalaciones de gran escala, caracterizadas por su alto consumo energético y requerimientos intensivos de recursos, lo que incrementa la necesidad de supervisión técnica y ambiental.
Las proyecciones del mercado muestran un crecimiento sostenido del sector. Analistas de Research and Markets estiman que el mercado peruano de centros de datos pasaría de 130 000 millones de dólares en 2023 a más de 310 000 millones en 2029, con una tasa anual aproximada de 15%. Pese a la magnitud económica prevista, el informe advierte que se trata de una actividad altamente especializada que carece de regulación sectorial y de parámetros públicos sobre el uso de energía, agua u otros recursos necesarios para su funcionamiento.
El reportaje también revisó información disponible en los portales institucionales de empresas que operan centros de datos en el país, entre ellas GTD Perú e Internexa Perú S.A., esta última con matriz en Colombia y operaciones en Brasil. En ambos casos se constató la ausencia de datos públicos sobre el consumo de agua o energía requerido para mantener en funcionamiento instalaciones que operan de manera permanente. Aunque las compañías informan contar con certificaciones ISO vinculadas a estándares corporativos, dichas acreditaciones no comprenden evaluaciones sobre el impacto ambiental de sus actividades.
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Consultadas diversas entidades del Estado por La Encerrona, el Ministerio del Ambiente (Minam) indicó que no cuenta con información sobre la elaboración de un eventual Plan Nacional de Data Centers ni sobre revisiones técnicas relacionadas con dicha materia. En similar sentido, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros señaló que no ha diseñado ni formulado una política específica para la operatividad de estos centros, pese a que esta oficina sería el enlace con la Asociación Peruana de Data Center para impulsar un marco normativo del sector.
Otras entidades informaron no tener registros vinculados a la supervisión o autorización de estas actividades. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) señaló que no dispone de datos sobre permisos otorgados para el uso de recursos hídricos por parte de empresas de centros de datos, mientras que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indicó que dicha actividad no figura dentro de las categorías bajo su competencia. En la misma línea, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones manifestaron no contar con registros de estudios de impacto ambiental u otros documentos relacionados con este tipo de infraestructura.
