El abogado penalista Carlos Caro Coria se refirió a como la criminalidad organizada ha puesto en jaque al Estado y a la ciudadanía, controlando incluso sectores clave como el transporte urbano a través de redes de extorsión.
¿MAFIAS DE EXTORSIONADORES O CRISIS DEL SISTEMA PENAL?
1. La criminalidad organizada arrincona una vez más al Estado y a la ciudadanía. Ahora las cadenas de extorsionadores controlan el «mercado» del transporte urbano y pueden
paralizarlo.
2. ¿Cómo llegamos a esto? Una ola migratoria de 1.5 M de extranjeros sin control ni planeamiento, unos pocos hacen del crimen «un modo de vida». Un déficit de 60.000 policías. Desde hace 10 años, la lucha de poder en la Fiscalía impide que lidere la persecución del delito, a ello se suma el desperdicio de recursos en procesos y mega procesos donde las posibilidades de éxito son escasas, por ejemplo, existen miles de casos por lavado de activos, pero sólo 175 condenas entre 2012 y 2021 (Informe UIF/GIZ 2023). Los jueces no controlan la labor de los fiscales, patrocinan el desperdicio de recursos al permitir que la investigación dure hasta 9 años (preliminar y preparatoria), la etapa intermedia de 1 a 3 años, y la etapa de juzgamiento y apelación otros 3 años en promedio.
3. El sistema está sometido a un crecimiento inflacionario, los casos resueltos son cada vez menos que los iniciados. La ineficiencia sigue la gráfica de una progresión geométrica. Si a ello añadimos el análisis de fondo, es decir la calidad de lo resuelto, los falsos positivos (procesados no culpables) y falsos negativos (procesados declarados inocentes, pero en verdad culpables), el error judicial es más probable en un sistema saturado que en uno que no lo está.
4. No se necesitan más leyes penales ni procesales. La legislación vigente permite imponer hasta cadena perpetua por extorsión (art. 200 del CP). Tipificar el terrorismo urbano será un simple saludo a la bandera. Ninguna de las reformas procesales de los últimos meses impide realmente que la Fiscalía o la Policía hagan su trabajo, especialmente porque se trata de criminalidad violenta y flagrante, y más cuando se ha decretado el Estado de Emergencia. Dicho de otro modo, la Policía, motu propio o bajo la dirección de la Fiscalía, puede detener bajo flagrancia, allanar inmuebles (incluso sin abogado) e incautar pruebas, sin orden judicial y con cargo a una confirmación posterior.
5. No se trata, por ende, de un problema legislativo o de una forma de criminalidad ahora visible (hay otras menos visibles como la minería ilegal), sino de una crisis absoluta del sistema penal. La emergencia demanda, como es obvio, completar la capacidad operativa de la Policía (no de las FFAA), sin policías en las calles no es posible restituir el orden y la autoridad. La Fiscalía y el Poder Judicial, sin necesidad de reformas legislativas, deben «hacer dieta», declinar, archivar los procesos en etapas tempranas (rechazo in limine, al final de la etapa preliminar o preparatoria) y alcanzar el ratio internacional: más del 90% de los casos deben culminar antes del juicio, pero no después de años, sino en semanas o meses. Los fiscales y los jueces deben entender que administran recursos públicos, un caso que se alarga, un caso no resuelto o un caso que se archiva luego de años (falso positivo), implica gasto púbico, dinero que no sobra, dinero que no se tiene.
