Reproducimos el pronunciamiento emitido por el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Lima, encabezado por la abogada María Elena Portocarrero.  

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

PRONUNCIAMIENTO

Ante los graves sucesos que vienen aconteciendo en nuestro país y que son de público conocimiento, a través de los diferentes medios de comunicación, en la que jueces, fiscales, abogados y demás personas relacionadas con la administración de Justicia, estarían comprometidas en actos de corrupción y cuya inconducta funcional debilitan nuestras instituciones y el sistema democrático; el Colegio de Abogados de Lima expresa lo siguiente:

1. Que, diversos agremiados de nuestra Orden, estarían comprendidos en presuntos actos de corrupción que vulnerarían gravemente, nuestro Código de Ética, conforme se desprende de los audios y las investigaciones del caso sobre esto particular.

2. Que, al tomar conocimiento de dicha situación, la Junta Directiva procedió a emitir de manera inmediata el Acuerdo N° 283 ACTA-17-07-2018-CAL/JD, autorizando a la Dirección de Ética Profesional a iniciar las investigaciones correspondientes referidas a las inconductas antes mencionadas, y como consecuencia de las investigaciones el Consejo do Ética acordó aplicar la medida cautelar de suspensión do la colegiatura de los agremiados involucrados en los actos de supuesta corruptela en tanto concluya la investigación quo so viene ejecutando.

Dejamos constancia que la medida cautelar antes mencionada, siente un precedente en el curso de la historia del CAL; pues es la primera vez que se adopta una medida de esta naturaleza, en franca lucha contra la corrupción.

3. Nos preocupa que a la fecha el Poder Legislativo no cumple con la función del antejuicio con la inmediatez que corresponde, siendo así que recientemente el Ministerio Público, a través del Fiscal Supremo de mayor antigüedad, ha interpuesto el 29 de agosto del presente Denuncia Constitucional contra los involucrados, con la finalidad que el Congreso de la República cumpla con la función que le asigna la Constitución Política del Estado y se establezcan las responsabilidades a que hubiera lugar, por ser este un clamor ciudadano quo no puedo esperar más tiempo, a fin de sancionar ejemplarmente a los que están comprometidos en actos de corrupción, siendo que ante estos hechos inclusive el Poder Judicial ha solicitado la dación de una Ley para que se le otorgue facultades, a fin de suspender en el ejercicio de sus funciones a los Magistrados que estuvieren involucrados, en uso de su iniciativa legislativa y que como Colegio Profesional compartimos.

4. Que, por nuestra parte corresponde, conforme lo establece los artículos 1° segundo párrafo, 3°, 4°. 5°, 6°,7°,8°,y 9° del Código de Ética, referido a la misión del abogado, deberes y prohibiciones fundamentales, establecer la sanción ética por dichas inconductas, respetando el debido proceso.

En tal razón, anunciamos que estamos próximos a emitir las sanciones respectivas y que no quepa la menor duda que estas serán las más drásticas a que se contrae el Código da Ética en el artículo 102°, no descartando la expulsión definitiva do nuestro Colegio Profesional, si fuere el caso.

5. Por otro lado, rechazamos la estigmatización de la profesión del abogado que autoridades vienen propalando, cuando la corrupción no tiene profesión, sino malos profesionales que los distintos colegios profesionales deberán de sancionar a través de sus estamentos éticos respectivos, por ello no compartimos la pretendida ley propuesta por el ejecutivo en la medida que afecta a la comunidad jurídica del país conformada por distinguidos y decentes hombres de leyes; sin perjuicio de ello somos de la idea que debe existir una ley especial que regule la función social del abogado, ello con el fin de consolidar no solo la probidad de nuestros agremiados sino también el buen servicio profesional que se brinda a la sociedad. Para tal fin estaremos presentando una propuesta legislativa en ese sentido en uso do nuestras facultades establecidas en nuestra constitución.

6. Se hace de conocimiento de los agremiados y al público en general que la Junta Directiva como parte de su política institucional de lucha permanente contra la corrupción ha dispuesto las siguientes medidas;

a. Implementación de una oficina Ad Hoc para estas investigaciones la cual se encuentra adscrita a la Dirección de Ética Profesional.
b.Creación de una Comisión de Alto Nivel para analizar los dispositivos legales que el Poder Ejecutivo ha solicitado como parte de la Administración de Justicia
c.Iniciativa legislativa por parte del Colegio de Abogados de Lima, con relación a la Reforma de la Administración de Justicia
d.Propondremos al Congreso de la República, creación de la Ley del Abogado y otros que coadyuven al fortalecimiento de nuestra Bicentenaria institución.

Miraflores, 05 de setiembre de 2018