El proyecto de ley presentado ante el Congreso de la República, que propone tipificar el delito de «terrorismo urbano», ha generado un amplio debate. Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), esta iniciativa legislativa no solo es innecesaria sino también inconstitucional ya que vulnera el principio de convencionalidad.
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
Comunicado 044-2024/CAL
CAL SOBRE PROYECTO DE LEY SOTΟ 9041-2024/CR PARA PENA DE MUERTE: “EL POPULISMO JURÍDICO DESVÍA EL ENFOQUE HACIA SOLUCIONES EFICACES CONTRA LA EXTORSIÓN Y EL SICARIATO”
El Colegio de Abogados de Lima se pronuncia enérgicamente en contra del PL 9041-2024/CR, presentado por el congresista Wilson Soto Palacios, que propone incorporar el delito de terrorismo en el D.L. 635-Código Penal, estableciendo sanciones de cadena perpetua o pena de muerte para los delitos como sicariato, secuestro, extorsión y robo agravado y cuya consecuencia sea la muerte de la víctima.
Es importante destacar que el Código Penal peruano ya contempla dichas penas severas para delitos graves como la extorsión, el sicariato, el secuestro y el robo agravado. Por ejemplo, la extorsión se castiga con penas de 10 a 15 años, pudiendo alcanzar la cadena perpetua en circunstancias agravantes. El sicariato tiene penas que van de 25 años a cadena perpetua, dependiendo de las circunstancias del delito. Asimismo, el secuestro se penaliza con un mínimo de 20 años, pudiendo llegar también a cadena perpetua. En cuanto al robo agravado, las penas pueden alcanzar la cadena perpetua si se comete en calidad de integrante de una organización criminal o si resulta en la muerte de la víctima.
El Perú ha renunciado a la pena de muerte como parte de su compromiso con la protección de los derechos humanos, siguiendo la tendencia global hacia su abolición y cumpliendo con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta propuesta de ley no solo es innecesaria, sino que también es inconstitucional, ya que vulnera el principio de convencionalidad y la 14ª disposición transitoria de la Constitución. Según el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, la pena de muerte solo es aplicable en casos de traición a la patria, y el Pacto de San José de Costa Rica prohíbe su aplicación a delitos no previamente tipificados. Por lo tanto, la propuesta infringe tanto nuestra legislación nacional como los tratados internacionales a los que estamos suscritos.
El CAL sostiene que enfrentar la ola delictiva no se logra a través de medidas populistas que buscan generar impacto mediático. En lugar de cambiar la nomenclatura de los delitos, como el caso del proyecto del Ejecutivo que busca tipificar delitos como el sicariato y la extorsión bajo el término de “terrorismo urbano”, es fundamental fortalecer los mecanismos legales y las políticas de inteligencia, así como reforzar el trabajo de las instituciones encargadas de la seguridad, como el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
Este tipo de iniciativas legislativas que apelan al populismo jurídico solo desvían la atención de las verdaderas soluciones que el país necesita. Se deben adoptar políticas de fortalecimiento de la seguridad pública que incluyan un aumento de recursos policiales, como personal suficiente, equipamiento moderno y capacitación adecuada, así como la creación de unidades especializadas con personal capacitado en tácticas de investigación y operaciones encubiertas. También es fundamental implementar políticas de inteligencia criminal y tecnología de vigilancia. A esto se debe agregar la prevención comunitaria, que implica el desarrollo de programas comunitarios de vigilancia y prevención de delitos, como alertas vecinales, y la educación sobre la importancia de denunciar delitos.
Es fundamental adoptar un enfoque integral que incluya políticas de prevención, rehabilitación y atención a las causas de la criminalidad para lograr una reducción efectiva y erradicación de los delitos. Instamos al Congreso de la República a enfocar sus esfuerzos en desarticular leyes que han demostrado ser ineficaces y en implementar políticas que realmente protejan los derechos de los ciudadanos.
Como institución garante de los derechos de la sociedad civil, el Colegio de Abogados de Lima reitera la urgente necesidad que el Poder Ejecutivo impulse una reforma integral del sistema de justicia y del sistema penitenciario. Esta reforma debe estar orientada a ofrecer soluciones reales y eficaces para enfrentar esta crisis de seguridad que ha alcanzado niveles sin precedentes.
Lima, 1 de octubre de 2024
Junta Directiva del CAL
