El Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo Rabanal, anunció que presentará una propuesta para modificar laLey 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, con el objetivo de prohibir que los familiares de congresistas puedan contratar con el Estado mientras estos se encuentren en funciones.
La iniciativa surge tras un informe periodístico que reveló la flexibilidad en las contrataciones estatales de familiares de legisladores, lo que, según Canelo, representa un posible conflicto de interés que debilita la función de fiscalización del Congreso.
El CAL evaluará la propuesta a través de su Comisión Consultiva y buscará que la modificación fortalezca la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.
CAL PROPONDRÁ MODIFICACIÓN A LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO EN RELACIÓN A LOS IMPEDIMENTOS QUE TIENEN LOS CONGRESISTAS
El Decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo Rabanal, informa que tras un reciente informe periodístico que revela la flexibilidad en las contrataciones con el Estado por parte de congresistas y sus familiares, propondrá una modificación a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. La propuesta consistirá en que los familiares de los congresistas de la República no puedan contratar con el Estado mientras estos se encuentren en el ejercicio de sus funciones públicas.
Para el Decano del CAL, la Ley N° 32069 no solo permite una flexibilización en las contrataciones con el Estado por parte de los congresistas, sino que genera un posible conflicto de interés al momento de ejercer su función constitucional de control político sobre otras entidades públicas. Es por ello que, a través de la Comisión Consultiva correspondiente, se estudiará y analizará esta situación con el fin de proponer, en el menor tiempo posible, una iniciativa legislativa que salvaguarde la objetividad de las decisiones del Congreso y evite influencias indebidas en las decisiones y acciones que se adopten.
El Decano del CAL reitera su compromiso con la contribución técnica-jurídica en la elaboración de normas que garanticen el respeto por los derechos de la ciudadanía, promoviendo un marco legal que fortalezca la transparencia, la ética y la lucha anticorrupción.
Lima, 31 de marzo de 2025
