El Colegio de Abogados de Lima (CAL) manifiesta su preocupación por el debilitamiento del Estado peruano en la lucha contra la corrupción, destacando la falta de acción para fortalecer instituciones clave como la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC). A pesar de gestionar más de 56,000 casos de corrupción y promover el cobro de reparaciones civiles, la PPEDC lleva más de cuatro años sin un procurador titular y sin numerosos procuradores adjuntos, lo que limita su capacidad operativa. El CAL urge al Ejecutivo y a las autoridades competentes a implementar medidas urgentes que permitan cumplir los compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción y proteger el interés público.
CAL SE PRONUNCIA SOBRE DEBILITAMIENTO DE ESTADO PERUANO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su profunda preocupación ante la percepción de debilitamiento del Estado peruano en su lucha contra la corrupción y la erradicación de la impunidad, así como ante la aparente inercia o inacción para revertir esta alarmante situación.
La corrupción es un flagelo que socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad y el orden moral, y obstaculiza el desarrollo integral y el bienestar de las comunidades. Este mal se manifiesta en un deterioro de la calidad de vida, la falta de servicios básicos y la perpetuación de la desigualdad. El Estado peruano, en virtud de los compromisos asumidos en las convenciones contra la corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU), tiene el deber de combatir esta problemática mediante acciones firmes que garanticen la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.
Para cumplir con estos compromisos, el Estado necesita contar con instituciones sólidas y fortalecidas, con recursos suficientes y capacidad operativa para hacer frente a la corrupción. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) es una de estas entidades tutelares significativas que, a través de sus 37 sedes descentralizadas a nivel nacional, defiende el interés público en más de 56 mil casos de corrupción y viene impulsando el cobro de las reparaciones civiles ordenadas en sentencias judiciales a favor del Estado, expeditos para cobrar, por un monto que supera los S/1,800 millones.
Lamentablemente, el Estado peruano, al no tomar medidas necesarias para fortalecer esta institución, ha permitido su debilitamiento. La PPEDC permanece sin procurador titular y sin 23 procuradores adjuntos y jefes de sedes descentralizadas desde hace más de cuatro años, a pesar de que el proceso de designación del procurador titular anticorrupción inició hace aproximadamente cuatro años y ha pasado por seis gestiones distintas en la Procuraduría General del Estado, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Desde el Colegio de Abogados de Lima, exhortamos al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a la Procuraduría General del Estado a adoptar acciones urgentes e inmediatas que permitan superar esta problemática. Hacemos un llamado a honrar el compromiso asumido por el país en convenciones internacionales para combatir la corrupción e impunidad, y a poner en primer lugar el interés público y el bienestar de todos los peruanos.
