El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, mediante resolución de fecha 26 de enero de 2026, declaró fundada la solicitud de medida cautelar de suspensión temporal en el ejercicio profesional contra la fiscal suprema Patricia Benavides Vargas en atención a la presunta comisión de infracciones éticas.
Los hechos discutidos para otorgar la medida fueron los siguientes:
- Haber mentido a la JNJ al indicar que no interferiría con el caso de su hermana.
- Aceptar la condecoración pública del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, investigado por lavado de activos en el Ministerio Público vinculado al caso Panamá Papers.
- No mostrar su tesis de maestría y doctorado a pesar de los cuestionamientos públicos.
- Contratar como abogado a un político en ejercicio que es investigado por el Ministerio Público.
- Ser acusada de liderar presuntamente una organización criminal.
De todos estos hechos, solo el primero (haber mentido ante la JNJ) fue estimado para dictar la medida cautelar de suspensión, mientras que los demás cuestionamientos fueron desestimados.
Según la resolución de suspensión, la doctora Benavides Vargas habría consignado información contraria a la verdad ante la JNJ durante el concurso para acceder al cargo de fiscal suprema titular. Así, ante la consulta sobre cómo actuaría frente a un proceso judicial que involucrara a un familiar, declaró lo siguiente:
«Éticamente, jamás interferiría o tendría injerencia en una investigación en que un familiar esté siendo investigado».
No obstante ―dice el Consejo―, tal información habría sido desvirtuada posteriormente al disponerse, cuando ya como fiscal de la Nación, dispuso la separación de la fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Emma Benavides Vargas, configurándose de esta manera una «contradicción objetivamente relevante desde el punto de vista ético».
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