La compañía Brookfield inició un procedimiento arbitral internacional contra el Estado peruano, el miércoles 12 de marzo, para que le restituya más de 2700 millones de dólares al valor de Rutas de Lima S. A. C.
La compañía, que presentó la medida ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), busca recuperar sus bienes y confía en que el arbitraje permita una compensación integral.
Ben Vaughan, Gerente Global de Operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield, expresó su percepción sobre el clima de inversión en Perú que se ha visto deteriorada debido a un trato inequitativo:
Durante muchos años, Brookfield ha invertido con entusiasmo en el Perú, pero desafortunadamente nuestra confianza se ha visto quebrantada. Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado peruano hayan tomado nuestra inversión en contra del estado de derecho y la seguridad jurídica, y traten de engañar al público sobre nuestra compañía y nuestra inversión en Rutas. Esta situación no nos deja más opción que exigir un trato justo en los términos del Tratado. Estamos confiados en que este proceso arbitral nos permitirá recibir un resarcimiento pleno para Brookfield.
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Según el comunicado emitido por la empresa, el conflicto se origina tras años de disputas con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), liderada hoy por el alcalde Rafael López Aliaga, y diversas entidades peruanas, como el Tribunal Constitucional. De acuerdo con su postura, estas instituciones han tomado decisiones que vulneran el marco normativo y los principios de seguridad jurídica.
Entre las medidas cuestionadas se encuentran la prohibición de recaudar peajes en un sector de la concesión de Rutas de Lima y la expropiación de otro tramo mediante normativas municipales y disposiciones estatales. Estas acciones, según la empresa, han resultado en la pérdida total del valor de su inversión en el proyecto.
La ordenanza 2644 establece que la concesionaria Rutas de Lima perderá la administración de la vía y no tendrá autorización para cobrar peajes. La empresa destacó que ya existen fallos a su favor por parte de dos tribunales internacionales y una corte federal en Estados Unidos, los cuales ordenaron a la MML indemnizar a Rutas de Lima con más de 200 millones de dólares debido al incumplimiento del contrato de concesión.
No obstante, hasta la fecha, dichos pagos no habrían sido efectuados. Brookfield sostiene que estas acciones, sumadas a otras decisiones gubernamentales, han afectado significativamente su inversión en el país.
Brookfield inicia arbitraje por expropiación ilegal de activos en Perú
Toronto, Canadá. Marzo 13 de 2025. Brookfield, un gestor de fondos de inversión líder a nivel mundial que cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York, y con operación en más de 30 países, inició ayer (12 de marzo de 2025) un procedimiento arbitral internacional en donde reclama una restitución de más de US$ 2,700 millones por el valor de Rutas de Lima S.A.C («Rutas»). La solicitud fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú (el «Tratado»).
Ben Vaughan, Gerente Global de Operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield, señaló: «Durante muchos años, Brookfield ha invertido con entusiasmo en el Perú, pero desafortunadamente nuestra confianza se ha visto quebrantada. Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado peruano hayan tomado nuestra inversión en contra del estado de derecho y la seguridad jurídica, y traten de engañar al público sobre nuestra compañía y nuestra inversión en Rutas. Esta situación no nos deja más opción que exigir un trato justo en los términos del Tratado. Estamos confiados en que este proceso arbitral nos permitirá recibir un resarcimiento pleno para Brookfield».
El anuncio de hoy se produce después de años de acciones arbitrarias por parte de la Municipalidad de Lima y otras entidades peruanas, como el Tribunal Constitucional, que han privado a Rutas de su capacidad para cobrar peajes de uno de los tramos de la concesión. Además, el Municipio y otras entidades recientemente han expropiado otro de los tramos concesionados a través de una serie de ordenanzas municipales y acciones estatales en contra del marco legal aplicable. Asimismo, ya dos tribunales internacionales, así como una corte federal en EE.UU. han ordenado el pago de más de US$200 millones en favor de Rutas como compensaciones por reiterados incumplimientos del Contrato de Concesión de Rutas por parte de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, a la fecha, la Municipalidad no ha pagado estos montos. La suma de estas acciones, así como un número de actos adicionales por parte del Estado, han privado a Brookfield del valor de su inversión en Rutas.
«Como un inversionista con visión de largo plazo y reconocido como un socio confiable por múltiples gobiernos en todo el mundo, incluyendo una historia de casi 30 años de inversión en Perú, y más de 100 años invirtiendo en Sudamérica, Brookfield considera que las acciones del Perú son irrazonables y contraproducentes», dijo Vaughan. «Teniendo en cuenta el objetivo declarado del Perú de aumentar la inversión extranjera de escala en el país, mantenemos la esperanza de que podamos encontrar una solución aceptable con el Estado peruano».
