La Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad logró que se condene a 13 años de prisión a Aldo Albert Velásquez Asencio, exmiembro del Grupo Colina.
Velásquez Asencio fue acusado de los delitos de asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado por el caso Barrios Altos; así como por los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada en agravio de las víctimas del caso Santa.
La medida se obtuvo luego que la representante del Ministerio Público acreditara que, en 1991, Velásquez Asencio fue convocado a ser parte del mencionado destacamento y, en dicha condición, coadyuvó —junto a los otros miembros de dicho grupo— en la ejecución de los operativos de inteligencia realizados, el 3 de noviembre de 1991, en un solar de Barrios Altos donde se desarrollaba una reunión social.
Asimismo, se demostró su participación el, 2 de mayo de 1992, en el caso Santa, donde miembros de este destacamento ingresaron a los domicilios de las víctimas —en los asentamientos humanos de Javier Heraud, La Huaca y San Carlos, en la provincia del Santa— aprovechando que estas se encontraban durmiendo, para detenerlas y subirlas a unas camionetas para conducirlas a una zona desconocida donde fueron ejecutadas.
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Como parte de la condena contra Velásquez Asencio se ordenó el pago de los montos por reparación civil de S/4000 a favor del Estado, S/62 000 para las víctimas del caso Barrios Altos, y S/100 000 para los familiares de las víctimas del caso Santa. Sin embargo, al no encontrarse conformes con este extremo, el Ministerio Público interpuso recurso de nulidad.
En el caso Barrios Altos se condenó a los autores directos y mediatos; mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia por estos hechos. En tanto que, por el caso Santa, se emitió un comunicado de prensa conjunto —suscrito, en febrero de 2001, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano— en el cual nuestro país se comprometió a investigar, procesar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas ocurridas en este caso.
Con información del Ministerio Público.
