Las Asociaciones Judiciales del Perú emiten un comunicado en respaldo a la participación del Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, Dr. Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La intervención fue coordinada por la Federación Latinoamericana de Magistrados y tiene como objetivo abordar la situación de la independencia judicial en América, con un enfoque particular en la inestabilidad jurídica en el Perú. Se defiende la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público, y se rechaza cualquier propuesta que atente contra los principios democráticos y la separación de poderes.
COMUNICADO CONJUNTO DE LAS ASOCIACIONES JUDICIALES DEL PERÚ N°04
Respecto a la participación del Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, Dr. Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la Audiencia Temática para tratar cuestiones referentes al asunto «Situación de la independencia judicial en las Américas», emitimos el siguiente comunicado:
1. ACLARAR que la participación del Dr. Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido coordinada exclusivamente por el Presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (de la cual forma parte la Asociación Nacional de Magistrados del Perú), quien solicitó la audiencia temática a fin de abordar la situación de la independencia judicial en América.
2. EXPRESAMOS nuestro respaldo al informe presentado por el Presidente de la ANMP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la situación de inestabilidad juridica que atraviesa el sistema de justicia peruano.
3. SEÑALAMOS que dicho informe corresponde a la defensa de la independencia de los jueces y fiscales, y a la autonomia del Poder Judicial y Ministerio Público, y busca evitar que la actuación jurisdiccional y fiscal sea criminalizada o controlada, en clara vulneración al principio de la separación de poderes.
4. INVOCAMOS a la ciudadania rechazar cualquier propuesta que atente contra los principios básicos de la democracia, como es, el de separación y división de poderes, así como las leyes que ponen en riesgo la integridad y la vida de los ciudadanos.
