El recién electo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, señaló que, debido a la presencia de Delia Espinoza como virtual decana del Colegio de Abogados de Lima, ha decidido renunciar a esta orden y a colegiarse en otra zona.
«Conociendo a Delia [Espinoza] que se caracteriza por sus actos muy vehementes y, a veces, mal intencionados creo que no queda otra que renunciar al Colegio de Abogados de Lima y colegiarme en otro colegio», declaró a Canal N. Asimismo, indicó que la exfiscal de la Nación puede «incurrir en cualquier arbitrariedad que hay que evitarlo por lo sano».
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«Lo cual evidencia una desinformación o una mala intención; si fuera desinformación yo les pido respetuosamente que revisen las normas e interpreten las leyes adecuadamente, es cierto que en los últimos tiempos hay mucho abogado incompetente, pero que hagan el esfuerzo adecuado por entender las leyes», señaló en relación al comunicado del CAL.
El CAL expresó, este lunes 23, su preocupación ante el nombramiento de Tomás Gálvez Aladino como Fiscal de la Nación titular. La institución advirtió que las candidaturas recayeron en fiscales supremos con cuestionamientos e investigaciones, incluyendo al propio Gálvez, lo que calificó como una situación «preocupante» e «inédita en la historia del Ministerio Público».
En su pronunciamiento, el CAL sostuvo que la eventual designación «constituiría, a todas luces, un acto reñido con el ordenamiento jurídico». Asimismo, recordó la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, la cual calificó como «ilegal, arbitraria e inconstitucional», y señaló que decisiones jurisdiccionales a su favor fueron «obstaculizadas y paralizadas» mediante una medida cautelar del Tribunal Constitucional.
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En esa línea, la orden profesional manifestó su rechazo al nombramiento al considerar que «colisiona con la defensa misma de la legalidad», principio que rige la función fiscal. Añadió que esta exigencia resulta más estricta tratándose de fiscales supremos, quienes deben representar el más alto nivel de respeto a las normas y al sistema de justicia.
Finalmente, el CAL cuestionó presuntos actos de la Junta Nacional de Justicia y advirtió sobre una posible «instrumentalización y eventual abuso de poder» en procesos disciplinarios contra magistrados. La institución concluyó que tales actuaciones «resultan inconstitucionales y vulneran el Estado de Derecho», e invocó a restablecer la institucionalidad y garantizar el ejercicio independiente de la magistratura.
