Fundamento destacado: 11. De esta manera, y de acuerdo con lo establecido en el precitado artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, que regula la estructura del auto de apertura de instrucción, este Tribunal advierte que el auto de procesamiento de fecha 7 de abril de 2015, con relación a la fundamentación que desarrolla para sustentar la decisión de comprender a don José Gílmer Miguel Aguilar como presunto autor del delito de uso de documento falso, no se adecúa a lo que estipulan tanto la Constitución como la ley procesal penal citada, ya que de los hechos expuestos en el auto cuestionado no se aprecia descripción suficientemente detallada del hecho punible que se le imputa, el material probatorio en el que se ampara tal imputación, la vinculación ni el grado de participación del recurrente en el delito de uso de documento falso, que permita sustentar, sobre la base de elementos objetivos, la apertura del proceso penal; lo cual conlleva, a que la demanda sea estimada.
12. Si bien no puede exigirse que el auto de apertura de instrucción tenga el mismo grado de exhaustividad en la descripción de los hechos y valoración de pruebas que sí sería exigible en una sentencia condenatoria, que es el momento en el que se determina la responsabilidad penal del imputado, luego de haber realizado una intensa investigación y de haber actuado las pruebas de cargo y descargo, sí es imprescindible que contenga una suficiente justificación de la decisión adoptada, expresando los hechos imputados, así como las pruebas o indicios que vincularían la conducta atribuida a los favorecidos con el delito imputado, situación que como se ha explicado no se ha presentado.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Expediente 03466-2017-HC
En Lima, a los 20 días del mes de octubre de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini y Ramos Núñez, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento de los magistrados Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, aprobado en la sesión de Pleno Administrativo del día 27 de febrero de 2018 y con los votos singulares de los magistrados Ledesma Narváez, Miranda Canales y Ferrero Costa, que se agregan. Se deja constancia de que el magistrado Ramos Núñez votará en fecha posterior.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Gílmer Miguel Aguilar contra la resolución de fojas 117, de fecha 21 de marzo de 2017, expedida por la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus.
ANTECEDENTES
Con fecha 25 de agosto de 2016, don José Gílmer Miguel Aguilar interpone demanda de hábeas corpus contra la jueza del Juzgado Penal Transitorio de Santa Anita, doña Vilma Quispe Huamán. Solicita que se declare nulo en parte el auto de procesamiento, Resolución 4, de fecha 7 de abril de 2015, en el extremo que lo comprende como presunto autor del delito de uso de documento falso (Expediente 5237-2014-0). Alega la vulneración del derecho al debido proceso, específicamente en su manifestación de debida motivación de las resoluciones judiciales.
El recurrente señala que mediante la resolución en cuestión se le inició instrucción como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación y uso de documento privado. A su entender, con dicho pronunciamiento judicial se ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, pues el auto de procesamiento mediante el cual se le abre instrucción en los términos antes expuestos, en el extremo que lo comprende como autor del delito de uso de documento falso, carece de una adecuada y suficiente motivación resolutoria. En ese sentido, señala que en esta no se ha expresado de manera objetiva cuáles son los elementos de convicción que sustenten mínimamente la imputación contra su persona en el sentido de vincularlo con la comisión de dicho delito. Por ello solicita la nulidad de la resolución judicial que cuestiona en el extremo antes mencionado.
El Quinto Juzgado Penal con Reos Libres de Lima, con fecha 25 de agosto de 2016, declaró improcedente la demanda por considerar que el proceso de hábeas corpus no debe ser utilizado como una vía indirecta para dilucidar aspectos que son propios de la judicatura ordinaria, como sucede en el caso de autos, en el que se pretende que se realice una nueva valoración de los medios de prueba que consideró la jueza emplazada para dictar la resolución en cuestión, lo cual no puede ser materia del proceso constitucional de habeas corpus, ya que mediante este proceso se busca proteger el derecho fundamental a la libertad personal.
La Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por considerar que existen mecanismos de defensa y dispositivos legales que pueden ser invocados a nivel judicial cuando se pretende cuestionar, como en el presente caso, la falta de responsabilidad penal o que el hecho imputado no constituye delito.
En el recurso de agravio constitucional se reiteran los fundamentos de la demanda.
FUNDAMENTOS
Petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declare nulo, en parte, el auto de procesamiento, Resolución 4, de fecha 7 de abril de 2015, en el extremo que comprende a don José Gílmer Miguel Aguilar como presunto autor del delito de uso de documento falso, con mandato de comparecencia restringida (Expediente 5237-2014-0).
2. Se alega la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, específicamente en su manifestación de motivación de las resoluciones judiciales.
Consideraciones preliminares
El derecho de defensa de los emplazados y la posibilidad de un pronunciamiento atendiendo al fondo del asunto
3. De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, este Tribunal considera pertinente puntualizar las razones por las que, pese a no haberse emplazado a los demandados, opta por emitir un pronunciamiento de fondo sin necesidad de retrotraer el proceso y reconducirlo al momento del emplazamiento con la demanda.
4. En efecto, si bien en el contexto de esta omisión procesal podría asumirse que un pronunciamiento inmediato y sobre el fondo de la materia controvertida no tomaría en cuenta el derecho de defensa de la autoridad judicial demandada y de aquellas personas respecto de las cuales las sentencias cuestionadas pudiesen repercutir sobre sus intereses, tal consideración puede ponderarse de manera distinta frente a la constatación de determinados hechos con los que asumimos la dilucidación del presente caso.
5. Tales hechos son los siguientes: a) la autoridad judicial demandada sí ha visto representados sus derechos, pues el procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersonó al proceso conforme se aprecia a fojas 112 de autos, lo que supone que tuvo acceso directo al expediente y al ejercicio irrestricto de todos los atributos procesales que pudiesen haber convenido a los intereses que representa; b) la demanda interpuesta no pretende superponerse a las competencias de la judicatura ordinaria, en la lógica de pronunciarse sobre la responsabilidad o no que en términos penales pudiera corresponderle al demandante de la presente causa, pues simplemente se limita a verificar si la alegada vulneración del derecho a la motivación resolutoria se ha producido o no; lo que desde todo punto de vista resulta una competencia constitucional y, por tanto, legítimamente reconducible al ámbito del proceso constitucional.
6. Por consiguiente, asumida una posición como la descrita, estimamos plenamente legítimo pronunciarnos sobre el fondo de la materia controvertida en aras de determinar si se ha producido o no la alegada vulneración del derecho fundamental invocado por el recurrente.
El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y sus alcances
7. Este Tribunal ha dejado establecido, a través de su jurisprudencia (Expediente 1480- 2006-PA/TC), que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al absolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión. Esas razones, (…) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios”.
8. El Tribunal ha establecido que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa; en ese sentido, la alegada vulneración del derecho a la debida motivación del auto de apertura de instrucción debe ser analizada de acuerdo con lo señalado en el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, que establece, como requisitos para el dictado del auto de apertura de instrucción, que de los actuados aparezcan indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se haya individualizado a los inculpados y que la acción penal no haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal.
9. Este Tribunal considera que el auto de procesamiento, Resolución 4, de fecha 7 de abril del 2015 (fojas 31), desde la perspectiva constitucional señalada en el fundamento anterior y a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, no se encuentra debidamente motivado. En efecto, el auto cuestionado no explica en modo alguno los hechos concretos imputados a don José Gílmer Miguel Aguilar con relación al delito de uso de documento falso. Así, dicha resolución dice lo siguiente:
(…) indicando además que el abogado José Miguel Aguilar habría redactado el contrato y lo habría hecho legalizar en la notaría Salvatierra, que en ningún momento vendió el segundo piso ni los aires de su domicilio y que el contrato fue adulterado (…) d) la manifestación policial del denunciado José Gílmer MIGUEL AGUILAR corriente de fojas cincuenticuatro a cincuentisiete donde señala que brinda asesoría a la Notaría Salvatierra, emitiendo recibos de honorarios por los servicios prestados (…).
10. Conforme se aprecia, únicamente se menciona al recurrente para indicar que habría sido él quien elaboró el documento incriminatorio, presuntamente falso, y que, por tanto, habría tenido participación directa en la materialización del delito de falsificación de documento privado que se le atribuye tanto a él como a su coprocesado.
11. De esta manera, y de acuerdo con lo establecido en el precitado artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, que regula la estructura del auto de apertura de instrucción, este Tribunal advierte que el auto de procesamiento de fecha 7 de abril de 2015, con relación a la fundamentación que desarrolla para sustentar la decisión de comprender a don José Gílmer Miguel Aguilar como presunto autor del delito de uso de documento falso, no se adecúa a lo que estipulan tanto la Constitución como la ley procesal penal citada, ya que de los hechos expuestos en el auto cuestionado no se aprecia una descripción suficientemente detallada del hecho punible que se le imputa, el material probatorio en el que se ampara tal imputación, la vinculación ni el grado de participación del recurrente en el delito de uso de documento falso, que permita sustentar, sobre la base de elementos objetivos, la apertura del proceso penal; lo cual conlleva, a que la demanda sea estimada.
12. Si bien no puede exigirse que el auto de apertura de instrucción tenga el mismo grado de exhaustividad en la descripción de los hechos y valoración de pruebas que sí sería exigible en una sentencia condenatoria, que es el momento en el que se determina la responsabilidad penal del imputado, luego de haber realizado una intensa investigación y de haber actuado las pruebas de cargo y descargo, sí es imprescindible que contenga una suficiente justificación de la decisión adoptada, expresando los hechos imputados, así como las pruebas o indicios que vincularían la conducta atribuida a los favorecidos con el delito imputado, situación que como se ha explicado no se ha presentado.
13. Por consiguiente, este Tribunal declara que en el presente caso se violó el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocido en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución. Por lo tanto, la demanda debe ser estimada.
Efectos de la sentencia
14. Por lo expuesto, este Tribunal declara la nulidad en parte del auto de procesamiento, Resolución 4, de fecha 7 de abril de 2015, en el extremo que comprende al recurrente como presunto autor del delito de uso de documento falso, y dispone que el Juzgado Penal Transitorio de Santa Anita emita el pronunciamiento jurisdiccional que corresponda al caso penal sub materia, debiendo ser dicho pronunciamiento respetuoso del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales; en consecuencia, NULO el auto de procesamiento, Resolución 4, de fecha 7 de abril de 2015, en el extremo que comprende a don José Gílmer Miguel Aguilar como presunto autor del delito de uso de documento falso.
2. Disponer que el Juzgado Penal Transitorio de Santa Anita emita el pronunciamiento jurisdiccional que corresponda al caso penal sub materia, tomando en consideración lo señalado en la presente sentencia.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BLUME FORTINI
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
[Continúa…]
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