No sabemos desde cuándo la justicia tiene rostro, o es que los medios de comunicación necesitan tener una, sea para condecorarlos o para apedrearlos, dependiendo del barómetro que mueve su audiencia; y, muchas veces, el rating va cambiando, dependiendo de las experiencias acumuladas que el ser humano va forjando a través del tiempo y que ello genera la formación del carácter y, por ende, la toma de sus decisiones. Sin embargo, en estas ocasiones, muchas de estas son, más que todo, solo reacciones, y no el reflejo de un análisis de estudio mesurado.
Prender una mecha puede generar consecuencias severas e irreversibles sin medir sus consecuencias, como el caso en Barranca y las protestas en el Poder Judicial, de una persona que no se encontraba detenida en dicho recinto en ese momento [1]. Una equivocada información pudo haber generado consecuencias mayores a daños materiales. Un equipo especial denominados “anticorrupción”, como si fueran parte de una película de Netflix, anuncia su llegada a Huaral un 31 de octubre del 2016, para investigar la resolución de libertad a un grupo de detenidos en una audiencia de prisión preventiva [2]. La suspensión o destitución posterior del magistrado por una falta de motivación, pasa a un segundo plano, porque la sociedad ya ha considerado que dicha decisión judicial fue causa de un acto corrupto y no porque simplemente no les pareció la forma en que fue resuelta. Dos años después, muchos de estos imputados recapturados, ya fueron liberados por exceso de carcelería y no existe prensa que los mencione. La agenda se encuentra en otros temas mediáticos. Sí, como la condena de 11 años a Martín Camino por intento de feminicidio. Como investigar al juez que dio prisión preventiva a un efectivo de la PNP [3], o cuando el propio presidente de tu Corte Superior de Justicia no te da su respaldo, refiriendo que los jueces y fiscales de la región de La Libertad, no deben alentar la alta inseguridad ciudadana.
Sin embargo, esta persecución va más allá, cuando ejerces la profesión de abogado y sientes discriminación de tus propios colegas, quienes no entienden la labor de un litigante, que por las consideraciones propias de la profesión, tienes la oportunidad de tener una tribuna que te permita disertar técnicamente un tema jurídico y esta no te es permitida, simplemente porque fuiste abogado defensor de algún funcionario público, o personaje mediáticamente construido.
Necesitamos espacios de critica jurídica. Recuperar el debate perdido. Fomentar las ideas que hagan mejorar la interpretación de la ley y el derecho. No permitamos que algunas personas o instituciones nos callen. Necesitamos su respaldo. No solamente que nuestro Colegio de Abogados se dedique a abrir procesos por presunta falta de ética; sino que se pronuncien para nuestra defensa. Como cuando la doctora Giulliana Loza fue atacada y tuvo que defenderse sola sin que su institución la respalde en su oportunidad. Necesitamos instituciones fuertes que no cedan a las presiones. Necesitamos representantes que nos hagan sentir que no estamos solos, frente a cualquier circunstancia que se nos venga encima.
A veces nos olvidamos que los magistrados también son abogados; y, todos, necesitamos que nuestras instituciones apoyen nuestras decisiones en la labor que realizamos frente a la sociedad. Sea para tomar una decisión judicial, o para defender a un cliente. Hurtado Pozo, refiere que en el Perú, no se forman abogados. Se transmiten, mal que bien, conocimientos sobre el derecho y, de manera incipiente y deficiente, a aplicarlo. Se impone, por tanto, una reforma radical que implique, por un lado, desarrollar más la capacidad de aprender que la de transmitir simplemente conocimientos y, así mismo, la habilidad de interpretar y la técnica de aplicar el derecho [4].
Esperamos que nuestras instituciones no callen las voces de las cuales tienen ganas de demostrar su habilidad de interpretar y la técnica de aplicar el derecho. Que no sean separados, simplemente porque tienen un diferente criterio. El derecho es creado y construido en el tiempo. No podemos decir que, porque existe una jurisprudencia de la Corte Suprema, el problema ya fue resuelto. Debemos generar espacios de discusión y de libre opinión, respetando a los demás. El titular de la Corte de Piura, enfáticamente ha sostenido, “si vamos a resolver por presiones, no somos jueces”[5].
En el 2019, 1.660 magistrados cumplirán siete años para su proceso de ratificación. Esperemos que en las entrevistas no pregunten por sus procesos administrativos archivados. En el 2019, se espera más de 200 eventos académicos solamente en la región Lima. Necesitamos ponentes que no sean excluidos por los clientes mediáticos que hayan tenido. Necesitamos técnicos y críticos. Necesitamos un nuevo derecho.
[1] https://canaln.pe/actualidad/barranca-enfrentamiento-sede-judicial-muerte-nina-desaparecida-n346889.
[2] https://larepublica.pe/politica/817073-ocma-envia-equipo-anticorrupcion-huaral-para-investigar-juez.
[3] Jefe de la Ocma, Vicente Walde Jáuregui, dispone investigar a Juez David Sosa Zapata (Piura), para determinar si hubo o no presunta irregularidad funcional en su sentencia de prisión preventiva contra suboficial PNP Elvis Yoel Miranda Rojas. 17 de enero a las 12:57 p.m. publicado en el Twitter.
[4] HURTADO POZO, José, “Algunas reflexiones sobre la formación de abogados”, en: https://www.unifr.ch, publicado el 26 de mayo del 2008. Revisado el 10/02/2019.
[5] Publicado en el Facebook del doctor David Panta, con fecha 10/02/2019.
